La XII Legislatura ha terminado provocando una auténtica parálisis legislativa. En 2017 sólo se ha aprobado una Ley Orgánica y 13 ordinarias. A ella se une el bloqueo de los partidos en las subcomisiones del Congreso de los Diputados, la herramienta creada en 1996 para preparar las futuras leyes con debates puramente técnicos a puerta cerrada.
El PSOE decidía levantarse este martes de la subcomisión sobre el pacto de Estado por la Educación, creada en diciembre de 2016 a instancias de PP, PSOE y Ciudadanos. Unidos Podemos, por su parte, anunciaba que no votará ninguna de las propuestas de los demás grupos ni las suyas hasta que no se cambie la fórmula de votación . Los morados también decidieron apearse a finales de noviembre con la que estudia la elaboración de una Estrategia Nacional de Justicia, acusando a populares y socialistas de buscar sólo cambios cosméticos sin profundizar en los verdaderos problemas y sus soluciones.
Además de estas dos últimas, en la Cámara Baja trabajan actualmente otras seis subcomisiones que debaten desde la elaboración del Estatuto del Artista hasta el Régimen Profesional de los Militares o la política del agua. Quizás la más ilustrativa del bloqueo de estos órganos parlamentarios, cuyas conclusiones no son vinculantes para el Gobierno, es la encargada de preparar la reforma electoral.
Precisamente Unidos Podemos y Ciudadanos decidieron a mediados de febrero poner en marcha una negociación bilateral para plantear una reforma del sistema al margen de los trabajos de esta subcomisión, que en casi un año de existencia apenas ha recibido comparecientes.
La sobreproducción de órganos parlamentarios está forzando tanto las costuras del Congreso que la presidenta Ana Pastor decidió reunir a los portavoces de los grupos para llamarles la atención. Hay problemas con las salas disponibles para celebrar las comisiones; los taquígrafos y estenotipistas no dan abasto; y los portavoces de los partidos minoritarios se las ven y se las desean para asistir a todas cuando estas se producen a la vez.
La otra consecuencia que se deriva de este trabajo parlamentario impulsado por los partidos pero que no se traduce en leyes es el aumento del gasto. Los servicios de la Cámara aún no ofrecen datos, pero a los comparecientes hay que pagarles por la asistencia. Sólo por la del pacto Educativo han pasado ochenta. La única subcomisión que por ahora se salva es la que concluyó con el pacto de Estado contra la violencia de género, que logró aprobarse en el Pleno a pesar de la abstención de Unidos Podemos.
Al margen de las subcomisiones, el otro gran caballo de batalla son las comisiones de investigación. A la espera de constituirse se encuentran dos sobre los accidentes del Alvia y de Spanair. Estas se sumarán a las que ya están en marcha para investigar el rescate financiero y la presunta financiación irregular del PP. Precisametne, al tiempo que el PSOE decidía abandonar la negociación del pacto por la Educación, el expresidente valenciano Francisco Camps acaparaba todos los focos en otra de las salas del Congreso. La principal crítica a estos órganos es que a veces el espectáculo mediático supera a las conclusiones.
Por su parte, una de las comisiones estrella del Congreso, la de seguimiento del Pacto de Toledo, avanza a trompicones ante la incapacidad de los grupos parlamentarios para ponerse de acuerdo. El pasado jueves, sin embargo, la oposición consiguió forzar al PP a retomar el debate sobre la revalorización de las pensiones mientras cientos de jubilados se manifestaban a las puertas del Congreso.
