Decenas de iniciativas legislativas quedaron sepultadas tras la convocatoria de elecciones generales. Pero el nuevo Congreso que se constituirá el próximo 21 de mayo tendrá que retomar cuestiones pendientes de la pasada legislatura como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE).
El concurso público para renovar a los diez miembros de este último órgano arranchó el pasado mes de agosto. Tras elegir al Comité de Expertos encargado de evaluar a los candidatos y pasar por la Comisión de Nombramientos, no dio tiempo a recibir el aval de Congreso y Senado antes de su disolución.
Respecto al Poder Judicial, el pasado 4 de diciembre caducó el mandato de cinco años y las negociaciones entre los partidos quedaron empantanadas por la filtración del nombre de Manuel Marchena, que PP, PSOE y Podemos habían pactado para suceder a Carlos Lesmes. La situación que terminó con la renuncia del propio Marchena se había agravado tras difundirse un mensaje de 'Whatsapp' del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.
Por otro lado, las nuevas Cortes que contarán con la mayor presencia femenina de su historia (47,4%) heredarán 14 propuestas legislativas procedentes de distintos parlamentos autonómicos. Baleares, Cantabria y Murcia tienen pendientes la reforma de sus estatutos de autonomía para suprimir el aforamiento de los diputados regionales, que permite a los cargos públicos ser juzgados por tribunales superiores en lugar de por los ordinarios. Únicamente Canarias logró tramitar la reforma a tiempo en la pasada legislatura.
Además, también hay una iniciativa para eliminar del currículo escolar la asignatura de Religión; otra para blindar por ley la actualización de las pensiones conforme al IPC; otra para ampliar la participación ciudadana a través de la iniciativa legislativa popular y el referéndum; y una más para que Formentera pueda elegir un senador al margen de Ibiza. Asimismo, hay una para regular el uso del cannabis; y otra para ampliar los derechos para los perseguidos durante la Guerra Civil y la dictadura.
A partir del 6 de mayo, los diputados electos podrán comenzar los trámites para obtener sus credenciales. Tendrán un salario básico de 2.972,94 euros brutos mensuales, a los que hay que sumar los complementos por su puesto de portavoz o en comisiones y la dieta por gastos que es de 917,03 euros para los electos por Madrid y 1.921,20 euros para los elegidos por otras circunscripciones.
A cinco días de los comicios autonómicos y municipales se celebrará una sesión en la que se elegirá al presidente y a los miembros de la Mesa del Congreso; el órgano de gobierno de la Cámara que tanta polémica ha levantado en la última legislatura por los vetos ejercidos por PP y Cs al trámite de las leyes de la oposición -primero- y del Gobierno del PSOE -tras la moción de censura-.
En los cinco días siguientes se tendrán que formar los grupos parlamentarios y el el Rey abrirá una ronda de consultas. Aunque parece que Zarzuela dejará pasar los comicios del 26 de mayo antes de esos contactos de cara a la sesión de Investidura que deberá ordenar la nueva Junta de Portavoces. En ella, será investido como nuevo jefe del Ejecutivo quien sea propuesto por Felipe VI y obtenga una mayoría absoluta en primera votación (176 diputados) o una mayoría simple, dos días después. De no hacerlo, habría un plazo de dos meses para celebrar otra sesión y, si no, se celebrarían nuevas elecciones como ocurrió en 2015.
Se trata también de la Cámara Baja con mayor presencia de partidos nacionalistas en la historia de la democracia, algo más del 10%. Entre los catalanes de Esquerra Republicana (ERC), Junts per Catalunya (JxCAT), el PNV, EH Bildu, Coalición Canaria y Compromís suman 37 escaños.
