En la segunda temporada de la afamada serie policiaca The Wire (HBO), el estibador Frank Sobotka es el jefe del sindicato dominante en el decadente Puerto de Baltimore (Maryland-EEUU). Este sindicalista de origen polaco lideraba un colectivo de trabajadores, que en la ficción ideada por el periodista y escritor David Simon pagaba mordidas a cambio de que los políticos del Ayuntamiento de esta ciudad hiciera su trabajo.
Esta era su forma de mantener sus puestos de trabajo. Y para llevar a cabo estos pagos, Sobotka contrató los servicios de un lobista, el abogado de origen italiano, Bruce Dibiago. En la serie se ve cómo este letrado agarra de una caja cientos de dólares, cuyo destino eran los bolsillos de los representantes políticos, a los que este líder sindical quería convencer para que dragaran un canal, con la intención de que el puerto de Baltimore tuviera una mayor capacidad, y generara más empleo.
Todo lo contrario hacían los líderes sindicales guatemaltecos conocidos tras destaparse el caso Villarejo, Julio Esquivel Orellana y Julio Zamora Álvarez, quienes dirigían con mano de hierro a los trabajadores de Puerto Quetzal, en el Pacífico. Estos dos sindicalistas mostraron su más firme oposición a la ampliación del puerto. Y lo hicieron desde el momento en el que conocieron la intención del Gobierno presidido por Otto Pérez Molina de incrementar la capacidad de esta infraestructura con la construcción de la nueva Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
30 millones
La oposición de los Julios, como se conocía a los sindicalistas, contrarió al presidente de Guatemala y a la vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes según el sumario de la pieza separada del caso Villarejo denominada Pit ya habían acordado con el promotor de la obra, el multimillonario naviero español Ángel Pérez-Maura, cobrar 30 millones de dólares en mordidas a cambio de la adjudicación a dedo de la terminal de descarga de la infraestructura portuaria.
Los sindicatos justificaron esta oposición por razones laborales, pero sobre todo medioambientales, al mismo que hacían públicas sus sospechas de que la adjudicación de la terminal a una filial de la empresa catalana Group Maritim TCB estaba impregnada de actuaciones corruptas, y que no había habido un concurso público, sino que la obra había sido concedida a dedo.
Y según consta en el sumario del caso Villarejo tenían razón, ya que el promotor de la obra, Pérez-Maura ya se había comprometido con las autoridades de este país a pagar importantes comisiones a cambio de la explotación de esta terminal, sobre la que logró una concesión de 25 años, prorrogable otros 25 años.
Extradición a Guatemala
Negocio redondo si no fuera porque un delator reconoció el amaño, destapando una trama de corrupción liderada por un empresario, que tras ser reclamado por Guatemala se comprometió a pagar 10 millones de euros al comisario Villarejo, y así evitar ser extraditado a este país, en el que las cárceles son de las más inseguras del mundo.
Esta traición mostró los motivos por los que los Julios habían cambiado de parecer. Pasaron de plantear una firme oposición, a dar su visto bueno a una infraestructura en la que una empresa española se había comprometido a invertir 250 millones de dólares. La firma catalana también había abonado una mordida en metálico a los dirigentes de los sindicatos de Puerto Quetzal.
De hecho, la oposición de los sindicalistas a la obra fue el motivo por el que se retrasó el primer pago al que se había comprometió Pérez-Maura con el presidente de Guatemala. El empresario español incumplió el calendario que se había pactado en una reunión celebrada el 6 de marzo de 2013 en Cancún (México), en la que participaron los conseguidores Mauricio José Garín y Bernardo Arecco, conocidos como "los argentinos".
"Activa oposición"
El ministerio público español destaca que Pérez-Maura exigió, "antes de librar los fondos comprometidos en concepto de comisión," que se solucionara el problema de la "activa oposición" al proyecto de tres sindicatos de Puerto Quetzal. E impuso que con anterioridad se hicieran los pagos destinados a los dirigentes sindicales, que cambiaron de opinión, y pasaron a apoyar la obra.
Aquí estriba la principal diferencia entre los estibadores de la serie de The Wire, ya que mientras los trabajadores liderados por Frank Sobotka pagan a los políticos, en el caso Villarejo eran estos sindicalistas los que consiguieron cobrar antes que el propio presidente de Guatemala.
De este modo, prosigue en su relato el ministerio público en el caso Villarejo, "Lázaro Noé Reyes Matta recibió directamente del arrepentido Juan Carlos Monzón Rojas un pago de medio millón de euros (5.000.000 de quetzales), a través de una asesoría inexistente.
Y Reyes Matta a su vez abonó a los Julios una mínima parte de esta cantidad, en concreto 23.000 euros (200.000 quetzales), que les fueron entregados personalmente por Juan Carlos Monzón Rojas y Julio Rolando Sandoval Cano.
Los argentinos
Mejor suerte corrió el "grupo de los argentinos", que percibieron 5 millones de dólares como contraprestación a su doble labor de apoyo: primero como los intermediarios que pusieron en contacto a Pérez-Maura con los mandatarios de Guatemala que promovieron en 2012 la construcción de la terminal de Puerto Quetzal, y después como encargados del reparto de las mordidas.
Y estos argentinos, una vez abonado el importe de las facturas en sus respectivas cuentas bancarias, realizaron transferencias y entregaron cheques a un testaferro, que se encargó de trasladar estas sumas al presidente y a la vicepresidenta de Guatemala.
Aunque se había pactado un primer pago de 10 millones de dólares, los empresarios españoles descontaron los 500.000 dólares previstos para los gastos. De esta partida, el empresario Juan José Suárez Meseguer, siguiendo indicaciones de Ángel Pérez-Maura, hizo entrega de 150.000 dólares a los responsables de la Procuraduría General de la Nación (La Fiscalía) y de la Contraloría General del Cuentas, en pago a sus respectivos dictámenes favorables a la legalidad del contrato de usufructo.
Audiencia Nacional
Todo ello conforma una trama que se puede leer en el sumario del caso Villarejo, y que no tiene nada que envidiar al reconocido guión ideado por el periodista norteamericano David Simon, cuyo protagonista a duras penas se parecía al comisario Villarejo, quien simultaneaba la doble condición de policía y detective privado.
Y para cobrar las comisiones, (en el caso de Pérez-Maura más de 7 millones), Villarejo aportaba como valor añadido a su empresa su estrecha relación con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y en el caso de la fallida extradición del naviero español, "su capacidad de influencia sobre autoridades judiciales y/o fiscales de la Audiencia Nacional", órgano que rechazó la entrega, según apunta la propia Fiscalía anticorrupción. Aunque ya eso forma parte de otra temporada del caso Villarejo, cuyo secreto de sumario todavía no se ha levantado.
