Después de que el juez Pablo Llarena ordenara investigar presuntos pagos de la Generalitat a los observadores internacionales del 1-O, el think tank al que pertenecen dichos observadores, The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), ha reconocido a Vozpopuli "haber tenido un contrato" con el Govern de Carles Puigdemont aunque ha rechazado dar información sobre el mismo.
"No podemos darle más información o detalles específicos sobre el contenido, las actividades o el dinero involucrado. Esa información está estrictamente entre HCSS y el cliente (el Govern)", es la respuesta de HCSS a preguntas de Vozpópuli sobre el uso que se habría dado a fondos públicos.
Según la providencia dictada por el juez Llarena, HCSS recibió de la Delegación de la Generalitat en Bruselas 119.700 euros entre 21 de septiembre (un día después del cerco a la Delegación de Hacienda en Barcelona) y el 10 de octubre, burlando el control que impuso el Ministerio de Hacienda desde el 15 de septiembre para impedir el destino de fondos públicos a la celebración del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Lejos de justificar la presunta financiación del 1-O, HCSS ha evitado confirmar o desmentir las citadas informaciones y se ha limitado a decir que firmó "un contrato" con el "exGovern de Cataluña".
HCSS creía que "los mediadores internacionales podrían ser decisivos"
Uno de los expertos pertenecientes a HCSS, Tim Sweijs, firmaba el 20 de octubre un análisis de la situación catalana y "los efectos de los ultimátums de Madrid a los catalanes".
El texto, publicado por la web del think tank como "noticia", consideraba el conflicto catalán como "un juego de poker" y se preguntaba "¿qué puede hacer Puigdemont?" frente a los "ultimátums" de Moncloa respecto al 155.
"Es de gran importancia para la parte subyacente en tales situaciones obtener apoyo extranjero, por lo que Puigdemont intenta persuadir a los jefes de gobierno europeos para que medie, y si tiene éxito, eso fortalecería en gran medida su posición", explicaba Sweijs.
El mismo artículo recordaba luego que Holanda "tuvo que renunciar a su colonias en las Indias Orientales bajo presión extranjera", aunque señalaba que el ejemplo no es del todo aplicable a Cataluña por no ser una colonia de España.
Aún así insistía en que "la interferencia internacional también puede ser decisiva en la crisis catalana". "Macron, May, Merkel, o tal vez Tusk podrían ser los mediadores, pero el gobierno español no quiere negociar y no quiere ninguna mediación externa porque eso debilitaría su posición".
