La decisión del Tribunal de Cuentas de absolver a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella por la venta en 2013 de viviendas públicas a un fondo buitre ha devuelto al polémica a institución de la calle Fuencarral. Sobre el organismo que vela por que no haya desviaciones del gasto público de las distintas administraciones y los partidos políticos siempre ha sobrevolado la sombra de la politización y de la falta de eficacia.
Con un presupuesto de 60 millones de euros, se encarga de fiscalizar las cuentas de las administraciones y las formaciones políticas. Aunque la Constitución le brinda independencia, la fórmula para elegir a sus doce consejeros siempre ha puesto en cuestión su imparcialidad a la hora de decidir sobre los grandes casos en los que han estado implicados los partidos o cargos políticos.
Sin ir más lejos, la decisión de la sala de Enjuiciamiento fue tomada por dos consejeros nombrados por el PP y uno del PSOE, que votó en contra de revocar la sentencia del propio Tribunal que condenaba a los acusados a abonar de forma solidaria 22,7 millones de euros por haber vendido en 2013 al grupo societario Fidere (del fondo Blackstone) 18 promociones de vivienda pública que pertenecía a la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS).
Ciudadanos llegó a plantear una Proposición no de Ley (PNL) para modificar el sistema de nombramiento de los consejeros. Con un mandato de nueve años, todos los que actualmente ocupan los despachos de la institución proceden todavía de la época anterior al multipartidismo. Y seguirán en sus sillones hasta 2021.
Elegidos por las Cortes Generales (6 por el Congreso y 6 por el Senado), tienen un mandato de
