Vox ha interpuesto un recurso ante el TSJ del País Vasco contra el decreto 179/2019 aprobado el pasado mes de noviembre por el Gobierno vasco.
Esta norma, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi, da carta blanca a los ayuntamientos del País Vasco para que tengan la potestad de dirigirse a los ciudadanos íntegramente en euskera si así lo consideran. Es decir, tienen autonomía para decidir en qué lengua trabajan.
"Con este decreto, el Gobierno vasco, siguiendo los postulados racistas que comparten el PNV y EH Bildu, ha creado en Vascongadas un sistema de segregación lingüística de los vecinos castellanoparlantes que va a permitir que sean señalados por las Administraciones Públicas y que pasen a formar parte de un censo de euskaldunes y no euskaldunes, vascos de primera y segunda categoría, según el idioma que empleen", ha denunciado este miércoles la secretaria general del Grupo parlamentario Vox, Macarena Olona.
Bajo el paraguas de la Ley de Instituciones
En concreto, el decreto regula los usos institucionales y administrativos del euskera y del castellano en las entidades locales y demás entidades que conforman el sector público local de Euskadi en desarrollo de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi y la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización y uso del Euskera.
Según el Gobierno autonómico, esta norma "garantiza los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas en sus relaciones con las administraciones locales". Entre los objetivos que persiguen hablan de "garantizar el uso oficial del euskera y del castellano, sin ninguna discriminación, para los ciudadanos y ciudadanas en sus relaciones con las entidades y personas referidas en el artículo 2 del Decreto".
La norma vasca persigue "normalizar y fomentar el uso del euskera en la administración local con el objetivo de convertirla en lengua de servicio y de trabajo"
También persiguen "normalizar y fomentar el uso del euskera en la administración local con el objetivo de convertirla en lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general en sus actividades", además de "amparar y fomentar el uso del euskera por parte de los vecinos y vecinas".
Vox considera que esta norma comporta "un auténtico atropello lingüístico para los castellanoparlantes que residen en Vascongadas". El hecho de que los ayuntamientos vascos puedan a partir de ahora comunicarse con sus vecinos exclusivamente en euskera, dice Olona, significa en la práctica que se da carta blanca para eliminar el castellano de las comunicaciones entre Ayuntamientos y ciudadanos.
El delegado del Gobierno, en el punto de mira
"Los ciudadanos afectados podrán elegir en cuál de las dos lenguas oficiales quieren relacionarse con la Administración pero ese derecho se ejercerá únicamente a posteriori, esto es, si son los propios vecinos los que solicitan el cambio de idioma", ha advertido la dirigente de Vox, que ha acusado al Gobierno vasco de practicar "sectarismo lingüístico".
Garantizar el derecho de usar y el deber de conocer el español en todo el territorio nacional, sin perjuicio del resto de lenguas cooficiales de España ha sido una de las medidas que Vox ha incluido en sus programas electorales, según ha recordado Olona.
"No vamos a tolerar el odio hacia la nación española, sus símbolos, sus tradiciones, su cultura, su lengua común que no es otra que el español, que se expande desde hace décadas por la incomparecencia del Estado ante las fuerzas secesionistas", ha advertido.
El partido va a plantear una cuestión de inconstitucionalidad frente a la Ley que le sirve de cobertura y ha puesto en entredicho la función delegado del Gobierno en el País Vasco ante el decreto lingüístico, a quien pedirán responsabilidades.
