La llegada de Vox a las instituciones ha soliviantado a los defensores del pueblo. Casi todos los partidos, incluidos algunos grupos municipales de la formación liderada por Santiago Abascal, han recurrido a estas figuras para pedir amparo y trasladar sus queja en alguna ocasión.
Sin embargo, Vox considera que la eliminación de este tipo de organismos, a los que en determinados casos -como el andaluz- acusa de estar "politizados", contribuiría a reducir el gasto político. Así lo recogen en su programa electoral y así lo han defendido con posterioridad.
El planteamiento, sumado a ciertas iniciativas y acciones promovidas por el partido que han derivado en polémicas, ha provocado una tensión sin precedentes entre los defensores y una formación política. Si bien no mencionan el nombre de Vox, nunca antes se habían manifestado tan explícitamente contra las medidas propuestas por un determinado partido.
Una medida de 2013, con Rajoy como promotor
Actualmente existen nueve defensores del pueblo autonómicos creados a imagen y semejanza del nacional. Había 11, pero en el año 2013 se suprimieron el de La Rioja y el Procurador General asturiano. La eliminación de estos entes regionales fue una de las medidas estrella que contemplaba la reforma de la administración planteada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.
Según un informe encargado por el Ejecutivo de entonces, el Estado ahorraría cerca de 30 millones de euros anuales con la supresión de estas instituciones. Ahora, Vox ha desempolvado la propuesta y la guerra está servida.
La primera batalla se libra en Andalucía, donde Vox irrumpió por primera vez a nivel institucional tras las elecciones del 2 de diciembre. En mayo, poco después de los comicios autonómicos y municipales del 26-M, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, compareció para presentar el Informe anual de la Institución de 2018.
Recién llegado al Parlamento regional, el portavoz de Vox recibió al Defensor del Pueblo Andaluz diciendo que "está politizado hacia la izquierda"
Recién llegado al Parlamento regional, el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, le recibió planteando el cierre del organismo que pilotaba al sostener que "está politizado hacia la izquierda". Maeztu, con el respaldo del resto de grupos, lo negó rotundamente.
"Con el debido respeto, la institución la vemos con reserva porque creemos que es redundante e innecesaria", apuntó Hernández. En su opinión, no tenía "razón de ser" y corría el "riesgo de convertirse en receptáculo del derecho al pataleo". Para el dirigente de Vox, con el Defensor del Pueblo nacional es "suficiente".
Maeztu considera que los informes que emiten los defensores no son "ideología". "Aquí hay mucho dolor, problemas que te ponen los pelos de punta o inmigrantes que piden su derecho de asilo", espetó a Hernández con el informe andaluz en la mano.
Reducción del gasto público
La gresca continúa seis meses después. De hecho, en este periodo ha habido otras elecciones generales, las del 10-N, y Vox ha incluido entre las 100 medidas de su programa electoral, la desaparición de estos organismos. Para reducir "drásticamente" el gasto social, dice el partido, hay que recurrir a la eliminación de cargos y organismos duplicados, ideológicos o por cualquier otra razón prescindibles.
"Cerrar organismos destinados a crear estructuras paralelas al Estado, las televisiones autonómicas, defensores del pueblo, Consejos Consultivos, Agencias Meteorológicas, etc.", especifican desde la formación de Abascal.
Maeztu solicitó de los poderes públicos que hiciesen efectivo el llamamiento de "evitar la criminalización de los jóvenes extranjeros no acompañados"
Los comunicados contra algunas de las acciones de Vox por parte de los defensores no se han hecho esperar. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, en las inmediaciones de un centro ubicado en la Macarena. Allí denunció la "situación insostenible" con los denominados 'menas' porque son "un problema grave para nuestros barrios".
Al día siguiente, la líder de Podemos, Teresa Rodríguez, presentó una denuncia contra Monasterio ante la Fiscalía de Sevilla por "un posible delito de odio". El Defensor del Pueblo andaluz se pronunció a través de un escrito.
La institución encabezada por Maeztu solicitó de los poderes públicos que hiciesen efectivo el llamamiento de todos sus homólogos de "evitar la criminalización de los adolescentes y jóvenes extranjeros no acompañados".
"Mensajes xenófobos y racistas"
Ante las informaciones registradas en los medios de comunicación "sobre la situación creada a cuenta de la ubicación de un centro de menores extranjeros en el barrio de la Macarena de Sevilla", el Defensor del Menor de Andalucía señaló que "no tiene ningún fundamento legal ni social alarmar y descalificar a estos niños y niñas, so pretexto de pedir seguridad para la ciudadanía, estigmatizando como peligrosos a un grupo de menores que se están integrando con total normalidad".
Hernández, portavoz del Grupo Parlamentario Vox, tachó esta reacción de "una intromisión lamentable en plena campaña y que excede en mucho lo que deben ser las funciones de este puesto". "Viene a demostrar su permanente politización e instrumentalización del cargo, incluso aunque lo haga sin querer", aseguró.
La polémica ha trascendido al plano nacional. El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, se refirió, sin mencionar partido alguno, a los "mensajes xenófobos y racistas dirigidos a la ciudadanía" contra estos niños y adolescentes que llegan a España sin sus familias: "Se criminaliza al distinto, al diferente, al foráneo e incluso se justifican determinadas formas de violencia contra este colectivo".
Este jueves el asunto fue a más. Para el defensor del Menor en Andalucía es "temerario" que Vox se desmarque de la Convención de los Derechos del Niño y sostiene que si es un grupo constitucionalista, debe respetar las leyes.
