El Partido Socialista del País Valenciá (PSPV), cuyo secretario general ahora es Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, se declarada "asombrado" por el descubrimiento de una supuesta financiación ilegal de ese partido desde 2007, siendo secretario general Joan Ignasi Pla, el "antecesor del antecesor" de Puig en la secretaría general, Jorge Alarte.
En conversación con Vozpópuli, Puig asegura que "nuestras cuentas están bien y yo, a día de hoy, mantengo toda la confianza en Orengo (José Manuel, exalcalde de Gandía y ahora asesor suyo); eso sí, si cuando avance la investigación surgen fuentes de los socialistas valencianos.
"Hay que tener en cuenta que en Blanquerías (sede del partido en Valencia) ya no hay trabajando nadie de hace once años", se justifica Puig, quien ve extraño que el Tribunal del Cuentas, el cual dio visto bueno a la financiación del PSPV en aquel año y posteriores, no detectara unas irregularidades que supuestamente abarcan de 2007 a 2011.
Forman parte de una investigación secreta que lleva a cabo un juzgado de la capital del Turia en base a una denuncia del PP en 2016, por presuntos delitos electorales, falsificación de documentos, prevaricación y malversación de caudales públicos por parte de dirigentes del PSPV y del Bloc, el partido mayoritario de Compromís, el socio de Puig en el Gobierno valenciano. El montante global rondaría el millón de euros defraudados.
Según ha desvelado 'El Mundo', un año después de ser desalojado del poder (junio de 2015), y en pleno asedio por el caso Gürtel, representantes del PP fueron a una comisaría con facturas y decenas de correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV-PSOE.
Orengo era el jefe político de Antoni Gomar, teniente alcalde en Gandía, cuyo hizo Alberto estaría en el centro de la investigación de las facturas falsas que beneficiaron la campaña electoral del PSPV en 2007
Una de las empresas implicadas es "Crespo Gomar", quien tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandía, Antoni Gomar. La Policía habría constatado que esa firma facturaba servicios a formaciones políticas de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas -fundamentalmente constructoras-, no los destinatarios, mediante la presunta falsificación de facturas.
Es decir, siempre según esta información y al menos en lo que respecta al PSPV, Crespo Gomar facturó al partido por la campaña de 2007 y del pago de esas facturas se hacían cargo empresarios de su confianza. La agencia tributaria habría acreditado que los importes coinciden, hasta los céntimos, con los trabajos que en realidad se hacían para los socialistas.
