El portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Luis Santamaría, ha asegurado este lunes que el cambio de criterio de la Fiscalía con el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero pasando de un delito inicial de rebelión a uno de sedición evidencia la "nauseabunda y obscena ocupación" de las instituciones por el Gobierno de Pedro Sánchez. Es más, ha subrayado que esa "utilización" acerca al Ejecutivo "al ideal bolivariano" del vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias.
En concreto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rebajado su acusación contra Trapero de un delito inicial de rebelión a uno de sedición por el que pide una condena de 10 años de prisión. Pero además, ha planteado como alternativa una condena por desobediencia, delito que conlleva penas de multa e inhabilitación, pero no de cárcel.
En declaraciones a Europa Press, Santamaría ha afirmado que el Gobierno "está decidido a acabar con la separación de poderes". A su entender, el "sanchismo es únicamente un proyecto personal de consolidación en el poder dedicado a ocupar las instituciones poniéndolas a su servicio".
Instituciones al servicio de Sánchez
"Después de ver la actuación de la Fiscalía de Dolores Delgado cambiando su criterio en el caso Trapero para considerar como sedición lo que hasta hace poco consideraba como rebelión, no podemos considerar más que como nauseabunda y obscena la ocupación de las instituciones y su puesta al servicio del proyecto
personal de ocupación del poder del señor Sánchez", ha enfatizado.
El diputado del PP ha subrayado que Delgado fue la misma persona que, siendo ministra de Justicia, "cesó al abogado del Estado para cambiar el criterio" de esta institución en el 'procés' y que lo que "se consideraba un delito de rebelión terminara siendo considerado como un delito de sedición".
Además, ha dicho que sucede lo mismo con la instrucción que se está llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid sobre la manifestación del 8 de marzo, dado que, según ha recalcado, esa investigación "terminó con el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por negarse a cometer un delito, como es el interferir en la investigación judicial y acabar con la independencia judicial".
A su entender, el Gobierno "no ha dudado en poner en peligro a la Guardia Civil dudando de sus informes" y ahora "vuelve a utilizar" a la Fiscalía para "redoblar la presión sobre la magistrada y salvar lo
insalvable" que es, a su juicio, "la indudable responsabilidad del Gobierno que, siendo conocedor de los riesgos, alentó las manifestaciones del 8M".
