La inflación está provocando la paralización de obras públicas en toda España y el PP pide al Gobierno que reaccione. Los populares han presentado a la Mesa del Congreso una proposición no de ley para extender la revisión de los precios en los contratos de obra, ampliando las medidas excepcionales que ya se contemplan en el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo el pasado mes de marzo.
Tal y como informó Vozpópuli el pasado mes de julio, el alza del IPC ha provocado que unas 1.000 obras en todo el Estado se hayan quedado desiertas el último año. Cerca del 15% de las licitaciones han quedado en el aire, sin empresas capaces de pujar por ellas, según alertan a este medio fuentes del mercado.
Para el PP, el incremento de los costes de la energía ha provocado también una subida de precios en una serie de materiales que no estaban incluidos en el citado decreto. Por ese motivo, desde el Grupo Popular reclaman una ampliación clara del texto, incluyendo "materiales muy habituales en obras públicas", así como acabar con el retraso en la publicación de los índices oficiales de precios.
Un decreto obsoleto
En la PNL, a debatir en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Partido Popular destaca que el Real Decreto aprobado en marzo permite la revisión excepcional de los precios de los contratos del sector público "cuando el incremento del coste de los materiales empleados para la obra adjudicada haya tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato durante el ejercicio 2021".
Esa revisión excepcional "se podrá solicitar cuando el aumento de los costes haya tenido un impacto relevante" durante el año pasado, "superior al 5% del importe certificado en ese ejercicio y hasta un máximo del 20%".
En opinión del PP, el texto no tuvo en cuenta la inflación prevista para este 2022 y, por tanto, tanto el periodo establecido -2021- como los porcentajes han quedado desfasados. Una circunstancia que está provocando que "nadie quiera optar a un contrato de obra pública".
Este Real Decreto-Ley es un mecanismo muy insuficiente para resolver el problema real de las obras
Además, sostiene el Grupo Popular, el texto parece excluir "el incremento de costes derivados de otros materiales como los áridos, el hormigón o el cemento, empleados masivamente en las obras de construcción", salvo que "se pudiera llegar a acreditar que, en su producción, el aumento de los costes de los materiales citados implican un incremento de sus costes de producción".
Para el PP, "la combinación de la limitación de causas aceptadas para la revisión excepcional de precios, de los límites porcentuales y de plazos, realmente demuestran que este Real Decreto-Ley es un mecanismo muy insuficiente para resolver el problema real de las obras".
Un sector de 382.000 empleos
Por todo ello, los populares piden "medidas precisas para extender los efectos directos" que prevé el decreto; que el subcontratista y el suministrador pueda tener "acción directa frente a la Administración", la extensión de los materiales de referencia para el cálculo de los precios, y acabar con los retrasos en la publicación de los índices oficiales de precios.
Los populares ven imprescindible actualizar el decreto para dar respuesta a un sector que produjo 25.000 millones en el mercado español en 2021 y 30.339 millones en exportación, con un saldo de 6.743 millones de saldo positivo para España; y que garantiza 382.000 puestos de trabajo, el 20% ocupados por mujeres.
