El Partido Popular (PP) se dispone esta semana a utilizar su mayoría en el Senado para solicitar un conflicto institucional con el Congreso de los Diputados, luego de que este último remitiera al Boletín Oficial del Estado (BOE) una ley que permite conmutar las penas de etarras condenados en el extranjero. La medida del PP podría derivar en una acción formal ante el Tribunal Constitucional (TC), con el argumento de que el Senado vetó la ley en su fase final y no fue respetado su rol en el proceso legislativo.
El conflicto surgió inicialmente por una ley aprobada en el Congreso sobre el intercambio de información de antecedentes penales y la consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que fue en un principio apoyada por unanimidad. Sin embargo, una denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) reveló que dicha normativa podría afectar a presos condenados por pertenencia a ETA, lo cual provocó que tanto el PP como Vox se retiraran del apoyo inicial, resultando finalmente en un rechazo de la ley por el Pleno del Senado en su última fase parlamentaria.
El Senado, bajo el liderazgo del PP y respaldado por un informe de su Secretaría General, consideró que su rechazo debía interpretarse como un veto definitivo, aunque ningún grupo había presentado una enmienda a la totalidad previa. Esta interpretación fue respondida por el Congreso con la decisión de publicar la ley en el BOE, argumentando que el Senado había sobrepasado los plazos previstos para rechazar la normativa.
Respuesta del Congreso y reacción del Senado
Tras la publicación de la ley en el BOE el pasado 19 de octubre, el Congreso defendió su decisión como un acto constitucionalmente legítimo y necesario, señalando que el Senado no cumplió con los requisitos establecidos en los tiempos previstos. La respuesta del Congreso fue contundente, afirmando que, al cumplirse el procedimiento constitucional, se agotaban las posibles impugnaciones por parte de la Cámara Alta.
En contraste, el presidente del Senado, Pedro Rollán, envió una carta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la que criticó el proceder de la Mesa del Congreso y subrayó que, a su juicio, la Cámara Alta había ejercido un veto válido que debía ser respetado. Rollán enfatizó que, en última instancia, correspondería al Tribunal Constitucional decidir sobre la validez del veto. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, también expresó duras críticas hacia Armengol y su decisión de dar luz verde a la publicación, describiéndola como un "acto irresponsable" que permitía la excarcelación exprés de condenados por terrorismo.
La medida que se plantea ahora consiste en una solicitud formal al Congreso para someter de nuevo a votación la ley en el Pleno de la Cámara Baja. En caso de que la solicitud sea rechazada, el PP ha anunciado su intención de presentar un conflicto de atribuciones ante el TC. Si el Senado aprueba esta resolución en su próximo pleno, será la primera vez que la Cámara Alta lleva un conflicto de este tipo al máximo tribunal de garantías del país, lo cual representa un paso inédito en la reciente historia democrática de España.
El mecanismo de conflicto de atribuciones es una herramienta jurídica que permite a los poderes del Estado cuestionar la invasión de competencias por parte de otra institución. Aunque no es un recurso habitual, el PP ya planteó un enfrentamiento similar meses atrás, cuando el Congreso tramitó la Ley de Amnistía sin el respaldo del Senado, aunque en aquella ocasión, el conflicto no se llevó finalmente ante el TC.
La ley en cuestión: excarcelación exprés para etarras
La ley de intercambio de antecedentes y reconocimiento de resoluciones penales en la Unión Europea permite a las autoridades judiciales españolas conmutar o reconocer penas impuestas en el extranjero en lugar de hacer cumplir íntegramente las condenas en el país. Esta disposición se convierte en un asunto delicado cuando afecta a personas condenadas por delitos de terrorismo, debido a las fuertes implicaciones que tienen en el ámbito de la seguridad nacional y la memoria histórica de las víctimas de ETA. El PP y la AVT insisten en que la aplicación de esta ley representa una "excarcelación exprés" para personas que han sido condenadas por delitos graves, en un contexto donde las víctimas reclaman la máxima firmeza en el cumplimiento de penas. Vox ha manifestado también su rechazo, señalando que la ley socava la justicia que reclaman las víctimas y rebaja el nivel de condena que la sociedad considera apropiado para los delitos de terrorismo.
El enfrentamiento entre las dos Cámaras, ambas de control parlamentario, pero con composiciones políticas diferentes, refleja una vez más el delicado equilibrio de poderes en la política española. La tensión en torno a la ley y el 'caso Koldo' destaca cómo la relación entre el Congreso y el Senado se encuentra en un punto álgido, con un PP que usa su mayoría en el Senado para oponerse activamente a decisiones del Congreso liderado por el PSOE y sus aliados. Esta escalada de tensiones coincide con un contexto político en el que la polarización entre el bloque conservador y el bloque progresista ha aumentado notablemente, afectando la capacidad de cooperación entre las Cámaras. En ese sentido, la decisión del PP de abrir la posibilidad de un conflicto de atribuciones al TC, y su ampliación de la investigación del 'caso Koldo', representa un desafío directo al Gobierno y a la mayoría parlamentaria en el Congreso, y anticipa posibles futuros enfrentamientos legislativos.
Si el Senado aprueba la moción para presentar el conflicto de atribuciones ante el TC, se abrirá un procedimiento inédito en el sistema político español, y se pondrá a prueba el papel del TC como árbitro en disputas entre las Cámaras. Para el Gobierno, el conflicto con el Senado representa un obstáculo más. Por su parte, el PP continúa presentando la defensa de la seguridad y la justicia para las víctimas como uno de sus pilares centrales, al tiempo que intenta consolidar su mayoría en el Senado como una plataforma de contrapeso a la agenda legislativa del Congreso.
