El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, ha denunciado este miércoles en el Congreso la "precariedad crónica" que, según ha explicado, padece este órgano, una situación que, ha resaltado, no afecta a su imparcialidad, pero sí a un "independencia de actuación", puesto que le impide desarrollar eficazmente todas las funciones que tiene encomendadas.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Calidad Democrática del Congreso, Rodríguez Álvarez, ha señalado que el Consejo, creado en 2013, en un contexto de crisis económica y austeridad, quedó "a medio hacer" y es urgente "acabar de crearlo", entre otras cosas modificando su estructura orgánica.
Rodríguez Álvarez, propuesto para el cargo por el Gobierno de coalición, ha indicado que el Consejo cuenta con una plantilla de tan sólo 24 personas, incluido él mismo, y con un presupuesto de 2,38 millones que es "manifiestamente insuficiente".
Duplicar el presupuesto
Según los cálculos más conservadores, ha apuntado, para poder desarrollar eficazmente su labor, habría que duplicar esa cantidad, puesto que su escasez de recursos le ha impedido poner en marcha
algunas de las funciones que tiene encomendadas.
El presidente del Consejo ha dicho que con su estatuto de autoridad independiente vinculada al Ministerio de Política Territorial, este organismo puede cumplir sus fines si se le dota de recursos, pero se ha abierto a la posibilidad de "dar un paso más" y que, en lugar de estar vinculado a un ministerio, se le vincule al Parlamento, como ocurre en otros países y en algunas comunidades autónomas.
A su juicio, eso "supondría un avance" y, además, sería congruente con el hecho de que, aunque es el Gobierno el que propone el candidato a presidente del Consejo, su nombramiento debe ser refrendado por mayoría absoluta de la comisión correspondiente del Congreso y es ante esta Cámara ante la que rinde cuentas.
