El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles 12 de mayo el proyecto de ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia con el apoyo de todos los grupos, excepto Vox, que ha votado en contra. El texto legislativo ha recibido 259 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones. Ahora, la ley será remitida al Congreso para ser aprobada definitivamente.
A su paso por la Cámara Alta, los senadores han incorporado al texto la prohibición de los desnudos integrales y exploraciones genitales para la determinación de la edad de los menores migrantes, y la prohibición del uso de la contención mecánica en los centros de menores, aunque finalmente no se ha llegado a acuerdo para suspender los desahucios de familias con menores y tampoco se incluye la prohibición de la entrada de los niños y niñas a espectáculos taurinos.
En concreto, sobre la determinación de la edad de los menores extranjeros, la transaccional pactada, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que "cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad" y añade que "no podrán realizarse en ningún caso desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas".
También se introduce la prohibición del uso de contención mecánica de las personas menores de edad, entendida como la sujeción a una cama articulada o a un objeto fijo, en los centros de protección a la infancia y la adolescencia.
Autorización expresa
Además, se incluye la obligación de requerir la "autorización expresa de los progenitores" para difundir la imagen de un menor fallecido, con el objetivo de evitar casos como el de Gabriel Cruz, asesinado por la expareja de su padre. La madre del pequeño denunció el uso "cruel" de la imagen de su hijo después de haber fallecido.
Asimismo, se ha acordado que, en los casos en que un menor de 14 años o persona con discapacidad necesitada de especial protección deba intervenir como testigo en un procedimiento judicial, se practique la prueba preconstituida (grabación del testimonio para evitar la revictimización del menor), y que la autoridad judicial pueda acordar que la audiencia del menor se practique a través de "equipos psicosociales que apoyarán al tribunal de manera interdisciplinar".
Igualmente, se creará un Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, de modo que se garantice el ejercicio efectivo del derecho de participación de los niños y niñas en la formulación de planes, programas y políticas nacionales que les afectan.
Durante el debate de la ley este miércoles en el Pleno de la Cámara Alta, la senadora del PSOE María Fernández Álvarez ha defendido la ley porque "no se puede mirar a otro lado". Según ha recordado, citando datos del Ministerio del Interior, en 2019 se cometieron más de 40.000 delitos contra menores, y cerca de la mitad de los delitos de violencia sexual tuvieron como víctima a un niño, niña o adolescente, unos datos que son "solo la punta del iceberg" pues en torno al 85-95% de los casos no se denuncian.
En este sentido, muchos senadores han puesto de relieve un cambio que ya se introdujo en la ley a su paso por el Congreso, que consiste en la ampliación del plazo de prescripción de abusos sexuales a menores, que empezará a contar cuando la víctima cumpla 35 años, y no 18 como ocurre actualmente, "una anomalía que suponía que muchos delitos abominables contra menores hayan quedado impunes", según ha lamentado la senadora del PSOE María del Mar Arnáiz.
Se salvaguarda el ámbito competencial
Otra transaccional alcanzada en el "último momento", este mismo miércoles, para "salvaguardar" el ámbito competencial ha hecho posible el voto favorable de grupos parlamentarios como el PNV, Junts Per Catalunya, PDeCAT, EH Bildu y Geroa Bai.
En este sentido, el senador de Geroa Bai Joseba Martínez, se ha mostrado "muy emocionado" tras confesar que este martes por la noche estaba preparando su discurso y pensaba pedir "perdón" a todas las personas que sufrieron abusos en la infancia, por su voto negativo a esta ley, pero finalmente, tras la firma de esta transaccional, han cambiado el sentido del mismo. También lo han celebrado la senadora de PDeCAT María Teresa Rivero Segalás o la senadora del PNV María Isabel Vaquero.
Sobre los desahucios de familias con menores, desde el PSOE han asegurado que han intentado alcanzar un acuerdo "hasta el último momento" pero no ha sido posible, por lo que se remiten a la futura ley de vivienda.
En este sentido, la senadora de Esquerra Republicana Adelina Escandell ha lamentado que no se haya aceptado su enmienda en la que proponían que se aplace el alzamiento hasta que el menor acabe el curso escolar. "¿Saben lo que es que te saquen de casa y no sepas dónde vas a dormir esa noche ni a qué colegio vas a ir mañana?", ha preguntado.
No se prohibirá su entrada a los toros
Tampoco han contado con el suficiente apoyo las enmiendas presentadas por grupos como Más País, Compromís, Adelante Andalucía o PDeCAT para prohibir la entrada de menores a los espectáculos taurinos, su participación en los mismos como toreros o en escuelas taurinas o la emisión por televisión de estos festejos en horario infantil.
"Es un espectáculo cruel, violento y anacrónico en el que las víctimas no son solo los toros y, a veces, los toreros, sino toda la sociedad, incluidos los niños y niñas", ha afirmado la senadora de Adelante Andalucía, María Pilar González Modino. A la crítica se ha sumado el senador de Compromís, Carles Mulet, quien además ha tachado de "bárbara propuesta" la que fue aprobada el pasado lunes por la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades para instar a RTVE a dar espacio a la tauromaquia.
Otro punto de la ley que ha suscitado controversia durante el debate, tanto en el Congreso como en el Senado, es el que otorga la condición de "agentes de la autoridad" a los funcionarios que desarrollan su actividad profesional en los servicios sociales.
Tal y como ha señalado la senadora de EH Bildu Idurre Bideguren Gabantxo, otorgar esta condición al personal funcionario podría provocar que "en momentos de urgencia puedan decidir la retirada del menor sin autorización judicial", generando "un desequilibrio que podría causar una situación de indefensión para las familias".
También algunos grupos parlamentarios como el PP y Ciudadanos han reclamado que la ley cuente con una "adecuada dotación presupuestaria" para que "no quede en papel mojado". Así lo han recomendado la senadora de Ciudadanos Carlota Santiago Camacho y la senadora 'popular', Carolina Agudo, quien además ha criticado "las prisas" del PSOE por aprobar esta ley que "llega tres años tarde".
"busca suplantar a la familia"
Pese al mayoritario consenso sobre el contenido de la ley de infancia, ha habido un grupo parlamentario, Vox, que ha mostrado su oposición al contenido. El senador Jacobo González-Robatto ha tachado la ley de "intervencionista y totalitaria" porque "busca suplantar a la familia" a la que presenta, según el senador, como "un lugar de peligro para los niños".
También ha criticado que "cualquier familia que no comulgue con la ideología de género es susceptible de ser intervenida por esta ley". "Si un niño comenta que en su casa no les parece bien que otro lleve falda, se podría interpretar como que sufre violencia de género o se le educa en cualquier discriminación, convierte la vida social en una cárcel, donde todo vecino es un delator en potencia", ha añadido.
