Le tenían ganas los abogados de los acusados al considerado el principal investigador del 'procés'. A los 22 días de juicio, le tocaba el turno al teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, el hombre que firma buena parte de los atestados de la causa que ha llevado al banquillo del Tribunal Supremo a los 12 líderes independentistas. Y el mando empezó por introducir un término nuevo al particular glosario del juicio: "insurrección". Para el hoy testigo, este es el periodo que va desde el 19 de septiembre de 2017 a la aplicación por parte del Gobierno del artículo 155.
El insurreccionalismo es un concepto político que tiene su origen en el anarquismo. Busca la liberación del individuo mediante la rebelión contra los poderes del Estado y el capital. El responsable de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Cataluña lo dijo demasiadas veces como para no apreciar en ello una intencionalidad clara. Tanto que los abogados interrumpieron para solicitar al presidente del tribunal, Manuel Marchena, que el testigo dejase de usar esa expresión, de una alta carga valorativa para los letrados.
El juez ha admitido que “periodo insurreccional” tiene un alto contenido, pero ha avisado “la sala no se va a sentir en modo alguno vinculada ni da por probada una valoración”. Baena ha ido más allá al calificar el ambiente: “Aquello literalmente era un polvorín, los policías que tuviéramos un mínimo de responsabilidad, cualquier incidente pequeño, podría derivar en una escala incontrolable y afortunadamente no fue así”.
Del Cesicat a Santiago Vidal
Ante las preguntas de la Fiscalía, relató que las primeras pesquisas datan en 2015 cuando les encargaron indagar sobre los planes de crear estructuras de Estado de cara a una futura independencia. Luego investigaron el Cesicat y la creación de una agencia tributaria propia y después ya tuvieron lugar las declaraciones del juez Santiago Vidal, exsenador de ERC, que admitió en una conferencia que la Generalitat tenía los datos fiscales de todos los catalanes.
Ahí narró como se tenía una especial reserva para investigar a los políticos que estuviesen aforados -a los que no se podía intervenir la comunicaciones, por ejemplo-, pero no con quienes trataban con ellos. También que fue el juez de instrucción número 13 de Barcelona que investigaba los preparativos del referéndum, el ya fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer, el primero que le habló de que los incidentes en el cerco sobre la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 podían ser un delito de sedición. Por ello le encargó un informe al respecto.
"Todo cambio el 20 de septiembre"
A juicio de Baena, todo cambió aquellos días 19 y 20 de septiembre tras el registro en la sede de Unipost -donde se almacenaba buena parte del material del 1-O- y la entrada en la Consejería de Economía. “A partir de ahí ya se incrementaron las concentraciones”, ha recordado antes de acudir por primera vez al término “insurreccional” para definir el clima que se vivía. Precisamente hace unas semanas la alcaldesa de Barcelona Ada Colau describió el ambiente y los mismos días como un Estado de excepción por la proliferación de acciones de la Guardia Civil a las órdenes de un juez.
Baena declaró durante más de cinco horas en las que respondió a todo tipo de cuestiones, incluso la de la presunta vinculación de la empresa de telecomunicaciones alemana T-System en el 'procés'. El guardia civil le restó hierro afirmando que detectaron contactos con los Mossos y se refirió a “una reunión en la que se habla del papel en un futuro Estado catalán, pero más que eso, no”.
