"He decidido abandonar las filas del partido Vox, una decisión que ha sido difícil pero inevitable ante el rumbo que ha tomado la formación en los últimos meses". Así comenzaba Teodora Niño Sánchez, hasta ahora concejal de la formación de Santiago Abascal en Cunit (Tarragona), la carta con la que abandonó el partido este lunes. Como indican a Vozpópuli fuentes de Vox en Cataluña, con la marcha de Niño Sánchez son ya "son cinco concejales en esta provincia los que se han pasado a no adscritos". Es decir, un 21% –uno de cada cinco– de los 23 concejales que Vox obtuvo en toda la provincia en las elecciones municipales de mayo de 2023. Una auténtica sangría de activos en una plaza ya de por sí complicada para Abascal.
Y es que Vox sacó en las últimas elecciones municipales 124 concejales en toda Cataluña, fruto de los 150.000 votos (un 5'01%). Desglosado por provincia, 82 en Barcelona, los 23 referidos en Tarragona, 17 en Gerona y tan sólo dos en Lérida. El pasado 12 de mayo, en cambio, en clave autonómica, obtuvo un 7'96% de las papeletas e Ignacio Garriga sostuvo su grupo de 11 diputados en el Parlament, sin consumar, eso sí, el objetivo del sorpasso al PP de Alejandro Fernández, que se fue a los 15.
Fue precisamente durante esa última campaña en Cataluña cuando afloraron, además, las presuntas irregularidades de Garriga al frente del grupo parlamentario. Una denuncia destapada por Isabel Lázaro, diputada de Vox en el Parlament en la anterior legislatura, y cuya investigación por parte de Antifraude adelantó en exclusiva este periódico. Según denunció Lázaro hace seis meses, el grupo parlamentario de Vox pasó al Parlament "facturas a nombre de Ignacio Garriga" sin ser pertinentes. Facturas en posesión de este periódico por conceptos variopintos: desde envíos de comida por Glovo, compras en supermercados, gastos en peluquerías y barberías, servicios de tintorería o hasta compras en heladerías.
Unos gastos repartidos en un total de 10 facturas en 2021 y 12 en 2022 que ascenderían, respectivamente, hasta los de 14.316 euros y 38.085 euros. No obstante, fuentes de diversos partidos en el Parlament consultadas entonces justificaban como "normales" y "no sospechosos" algunos de esos gastos, en concreto, los de alimentación.
Pero Lázaro, que ya entonces amagó con denunciar, va en serio. Tanto que, tal y como confirman fuentes de su entorno a este periódico, ultima una denuncia –"está en el horno, a punto de salir", aseguran– contra Garriga por las cuentas del Parlament. "No es prudente adelantar datos, para no dar pistas al adversario", rechazan adelantar detalles las fuentes consultadas. "Se ha investigado muy bien y presuntamente se han cometido delitos muy graves", anticipan.
"Acusaciones absolutamente infundadas"
En abril, tras estallar el caso, Vox se reservó el derecho a tomar las acciones oportunas contra las "calumnias y acusaciones absolutamente infundadas" de Lázaro y que no permitirá que se "dañe la imagen del partido". Además, tras la carta con la que Lázaro denunció los gastos personales de Garriga a su juicio irregulares, el grupo la criticó por actuar movida por "penosas venganzas y despechos personales", en referencia a la destitución de Lázaro como presidenta provincial de Tarragona.
"Jamás manifestó ninguna desaveniencias con la contabilidad y el modo de llevar las cuentas por parte de la dirección del Grupo Parlamentario. Al contrario, siempre mostró su apoyo a la dirección en el desempeño de las funciones políticas y contables que le son propias, con abierta y especial adhesión a la presidencia del Grupo Parlamentario", se defendieron en Vox Cataluña de los tres años de Lázaro al frente de los cuadros gerundeses de la formación.
Lázaro defendió que intentó ponerse en contacto con Garriga para expresarle estas desaveniencias, pero que éste no le facilitó un encuentro. En su carta, insistió en la existencia de "diferentes gastos" que "no se corresponden con la normativa a la cual estamos sujetos". El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, cerró filas con Garriga asegurando que las acusaciones eran "graves" e "infundadas", fruto de un "pataleo" por la exclusión de la diputada autonómica por Tarragona de las listas electorales.
