El grupo parlamentario del PSOE ha introducido en una enmienda a la Ley Concursal una propuesta de calado para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En concreto, incluye la posibilidad de que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, pueda adquirir la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo cuando se produzca su cese. Se trata de la más alta categoría dentro de la carrera fiscal.
La propuesta del grupo socialista constituye un cambio de calado teniendo en cuenta que la ley estipula en la actualidad que cuando es cesado de este cargo vuelve a su puesto de la Fiscalía. En ese caso Delgado volvería a ejercer como fiscal de la Audiencia Nacional, órgano en el que desempeñaba sus funciones antes de ser nombrada ministra de Justicia y, tras ello, fiscal general del Estado.
El artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que regula los mandatos del máximo representante del Ministerio Fiscal, establece en su punto sexto que si el nombramiento del fiscal general recayese sobre un miembro de la Carrera Fiscal (como es el caso) éste quedaría en situación de servicios especiales. En la propuesta que el PSOE 'cuela' en una reforma de la Ley Concursal añade, junto a esta redacción, el siguiente matiz: "Y adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese".
"Blindar la salida de Delgado"
Los grupos parlamentarios de PP, Ciudadanos y Vox han reaccionado a la propuesta del grupo parlamentario socialista calificando el asunto de "gravísimo" y asegurando que se trata de una maniobra para blindar la salida de Delgado. Edmundo Bal, portavoz nacional de Ciudadanos acusa al PSOE de atentar contra la separación de poderes con esta reforma de calado del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar el futuro de la antecesora de Juan Carlos Campo en el Ministerio de Justicia.
Luis Santamaría, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Justicia del Congreso ha sido el primero en denunciar estos hechos calificando la propuesta de "un escándalo", mientras que la Secretaria General y Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Vox Macarena Olona también se ha hecho eco en su cuenta personal de Twitter y les ha acusado de no tener vergüenza.
"Es un despropósito"
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), por su parte, ha reaccionado apuntando que la vía elegida por el grupo socialista "sugiere cierta urgencia" para el Gobierno en proporcionar una salida a la actual FGE y apuntala que esta promoción no es algo que le haga ninguna falta ni que produzca ningún beneficio al Ministerio Fiscal. "Solo favorece a quien cesa, acentuándose así la relación de la Fiscalía General del Estado con el Gobierno. Consideramos esa medida un despropósito que ahonda en la politización de la Fiscalía", alegan.
El artículo 31 que ahora quiere modificar el partido del Gobierno regula que el mandato del fiscal general del Estado tiene una duración de cuatro años. Antes de que concluya dicho mandato solo se le puede cesar por cuatro motivos: incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta Ley, en caso de incapacidad o enfermedad, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o cuando cese el Gobierno que le hubiera planteado.
El nombramiento de Delgado a comienzos de 2020 generó un profundo revuelo en la Carrera Fiscal y en el Poder Judicial teniendo en cuenta que se propuso como fiscal general del Estado mientras todavía ejercía como ministra de Justicia del Gobierno del PSOE. Tras tomar posesión de su cargo, en febrero de ese año, Delgado defendió su nombramiento y apuntó que no suponía ninguna contaminación política.
Nombramiento polémico
No obstante, en los últimos meses han sido muchas las críticas que ha recibido la fiscal general por su gestión como máxima representante del Ministerio Público y como pasado como ministra de Justicia. Los partidos de PP y Vox trataron de tumbar su designación como jefa de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo pero la Sala de lo Contencioso del alto tribunal descartó que tuvieran legitimidad para recurrirlo, de manera que no llegó a abordar el asunto.
Con todo, las acusaciones sobre su política de nombramientos a fiscales afines a su asociación o la gestión de la Fiscalía General del Estado por la investigación que se abrió contra el exfiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa se han convertido en asuntos controvertidos en su mandato por los que se le ha pedido su dimisión. La última vez que una asociación lo pidió fue el pasado 15 de marzo.
La mayoritaria Asociación de Fiscales, que también ha llevado a Delgado ante la Justicia por ocultar a vocales del Consejo Fiscal de esta asociación el expediente del caso Stampa, solicitó su "inmediata dimisión" como fiscal general del Estado apuntando que su actuación minaba el prestigio del Ministerio Fiscal y suponía un "enorme quebranto de la confianza que la ciudadanía puede depositar en ella". "
