La exalcaldesa de Santoña (Cantabria) Puerto Gallego, actual diputada en el Congreso (PSOE), ha dimitido este viernes tras ser imputada por el Supremo por un delito de prevaricación continuada en la adjudicación de contratos en dicho municipio. El juzgado 2 de Santoña envió al alto tribunal una exposición razonada que apuntaba la existencia de indicios incriminatorios contra la diputada.
Ahora el alto tribunal ha asumido su competencia sobre el caso al ser diputada la exalcaldesa y, por tanto, aforada, y ha nombrado al magistrado Pablo LLarena instructor del asunto, mientras que ha ordenado que el resto del sumario siga en el juzgado donde se investigará todo lo que no sea referido a Puerto Gallego.
Según los indicios, entre 2003 y 2009, cuando era alcaldesa de Santoña, Gallego prevaricó en determinados contratos
El Supremo considera en su auto de hoy que "resulta imprescindible" continuar la investigación iniciada por el juzgado porque existen pruebas periciales y también reparos emitidos en su día por la inspección municipal que apuntan la posible irregularidad de los hechos, que en principio podrían constituir una prevaricación.
Todo parece indicar que "la facturación presentada respecto a determinados suministros y servicios superaba el importe correspondiente para poder hacer adjudicaciones directas de ellos", dice el Supremo. Considerar probado este extremo sería, en todo caso, precipitado, pues el alto tribunal desarrollará ahora una investigación antes de decidir si pide o no el suplicatorio contra ella. La imputada podría declarar de manera voluntaria en la causa antes de que se decida si se archiva o se continúa el proceso.
Según los indicios, entre 2003 y 2009, cuando era alcaldesa, resultó "habitual la adjudicación a determinados empresas de ciertos servicios prescindiendo del concurso previo cuando se superaba la cuantía para la contratación menor". Así lo apuntaba el juez de instrucción en su exposición razonada, donde afirmaba también que el Ayuntamiento no siguió los procedimientos previstos por la normativa administrativa en materia contractual y fraccionó el objeto de los contratos para eludir los procedimientos de concurso previstos por la ley.
La Audiencia de Cantabria desestimó el pasado mes de septiembre un recurso de los miembros de la Junta de Gobierno Local de Santoña y respaldó los argumentos del Juzgado de Instrucción número 2 de esa localidad. El Juzgado de Instrucción considera "presunta e indiciariamente" constitutivos de delito de prevaricación continuada todos los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santoña en el periodo 2003-2009 y relativos a diversos contratos administrativos.
