La Comisión de Investigación del Parlament de la llamada Operación Cataluña de presunto espionaje a políticos soberanistas citará a declarar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para que comparezcan el 11 de julio.
El Parlament ya aprobó las comparecencias en la primera sesión de esta comisión de investigación pero en la sesión de hoy la presidenta, Alba Vergés, ha concretado la fecha en la que se pedirá a Rajoy y a Santamaría que comparezcan a fin de aclarar su papel en la Operación Cataluña.
Fuentes del Gobierno han recordado que los miembros del Ejecutivo "no tienen la obligación" de comparecer ante un parlamento autonómico y que solo deben de comparecer ante el Parlamento nacional.
En el calendario de comparecencias figuran, asimismo, el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, también el 11 de julio, y su predecesor, Jorge Fernández Díaz, el 22 de junio. Igualmente figuran el jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, y el exfiscal general del Estado José María Romero de Tejada, ambos citados para el 27 de junio.
Entre los comparecientes que ha solicitado la comisión de investigación se encuentran también la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, y la expresidenta del PPC Alicia Sánchez-Camacho, por haber participado ambas en una comida en el restaurante La Camarga de Barcelona, que, según algunos de las personas que ya han comparecido comparecido en la comisión, fue el origen de la la llamada operación Cataluña.
En el supuesto de que no se presenten el día en el que han sido citados la comisión les volverá a convocar dos o tres veces antes de considerar la posibilidad de presentar una denuncia por el delito de desobediencia.
La comisión de investigación sopesa la posibilidad de cambiar la condición de "experto" por la de "testigo" en algunos casos en que han sido citados a declarar personas que ya han declinado la invitación a comparecer, como los periodistas Francisco Marhuenda, Pedro García Cuartango y Francisco Mercado. De llevarse a cabo este cambio, que tiene que ser aprobado por los grupos parlamentarios, dichos comparecientes tendrían la obligación legal de comparecer, según la comisión.
