Cada vez que estaba apunto de anunciarse una licitación de obra pública en Sudamérica y en África, Jordi Pujol Ferrusola recibía un mensaje o una llamada de sus contactos. Al finalizar la conversación, el primogénito del Molt Honorable President ofrecía los proyectos a sociedades como el Grupo Isolux Corsán y Acciona "para ver si están interesadas en su adjudicación", gestión por la que cobraba comisiones ilegales, según recoge la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en un informe al que ha tenido acceso Vozpópuli.
La sección de blanqueo de dinero ha entregado las conclusiones de sus pesquisas al juez de la Audiencia Nacional que investiga la corrupción de la "familia-organización" del expresidente catalán Jordi Pujol Soley. En dicho informe, los agentes han acreditado "que los opulentos ingresos percibidos por JPF [Jordi Pujol Ferrusola], merced a facturaciones de sus sociedades instrumentales a mercantiles del grupo Isolux, son todos sin excepción comisiones por su intervención en la adjudicación de contratación pública".
A lo largo del texto han insistido en que los pagos de Isolux Corsán al primogénito de los Pujol "han sido una constante en los últimos años". La policía judicial ha concluido que los supuestos asesoramientos, intervenciones en la redacción de contratos, actividades de tecnoestructura y trabajos de marketing que aparecen reflejados en las facturas "no existieron". Según han explicado los investigadores, las comisiones ilícitas devengadas "se relacionarían con contratación pública gestada en África y Sudamérica" en las que han hallado vinculaciones "aún más evidentes con corrupción que en España".
En el marco de las pesquisas, los agentes han determinado que se trata de un "modus operandi" por parte de Isolux Corsán, "que sistemáticamente aparecía relacionada en múltiples casos de corrupción, con procedimientos abiertos por haber sobornado a autoridades públicas, causando perjuicios millonarios a las arcas públicas de países".
La UDEF ha detallado en su informe una "serie de hechos ocurridos en diferentes países, todos ellos en vías de desarrollo que conforme a lo trasladado en medios de comunicación públicos se asociarían a conductas semejables a la corrupción, en los que habría estado involucrado el grupo Isolux Corsán". Y ha advertido de que el "objetivo de esta inclusión no guarda relación alguna con la presente investigación", sino demostrar la "existencia de una línea directiva de actuación".
Sudamérica
Entre las personas investigadas destaca, tal y como adelantó El Confidencial, la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, "a quien habrían pagado desde el grupo Isolux al menos 12,6 millones de dólares", según recoge el informe.
Como parte de la investigación, la UDEF ha analizado un terminal telefónico de Pujol Ferrusola y ha identificado a un cargo de Isolux Corsán en Sudamérica involucrados "en un proceso judicial en Argentina de reciente actualidad, y muy trascendente a efectos públicos, conocido como 'Los Cuadernos de Centeno". Se trata de Mario Maxit, director comercial de la compañía en la región, quien -según las investigaciones- repartía mochilas repletas de dinero a funcionarios de la administración estatal de Argentina en la sede de Isolux. Varios de estos pagos de habrían realizado con la "avenencia de Cristina Kirchner", de acuerdo a las anotaciones de los mencionados cuadernos.
Jordi Pujol Ferrusola también se ha visto involucrado en adjudicaciones irregulares en Paraguay, donde Ernesto Dos Santos, "persona que sería quien contactaría directamente con mandatarios políticos en Sudamérica", presumía de tener contacto directo con el ministro de obras y de poder "modificar los pliegos de licitaciones", según correos a los que ha tenido acceso la policía judicial.
En el marco de las pesquisas, también se han hallado una serie de facturas, todas ellas vinculadas a una "supuesta colaboración en proyectos de construcción y concesiones de infraestructuras en México" realizada por Jordi Pujol Jr. de la que no ha sido capaz de entregar "ni un solo documento que diera fe de esos trabajos".
Este modus operandi se habría repetido también en Chile, donde la Fiscalía de ese país ordenó en 2015 el registro de las oficinas del Grupo Isolux Corsán en relación con un presunto soborno y fraude constituido en la construcción de la Universidad de Santiago. De aquella operación se obtuvieron varios documentos "en los quedaban meridianamente claro el envilecimiento de la contratación pública, ejercido por el socio de Jordi Pujol Ferrusola, [Juan Carlos] Goycoechea, acreditando fehacientemente varias dádivas a autoridades y funcionarios".
"Protegido ante la Hacienda Pública"
En un mensaje del 10 de enero de 2014, Dos Santos -a quien la UDEF define como el 'conseguidor'- ofreció al mayor de los hijos del expresident que crearan una sociedad instrumental "en aras a repartirse el dinero fruto de comisiones".
En concreto, hace referencia a la creación de una sociedad en Paraguay, "propietaria en un 99% de JPF, y que esta cobre el dinero de Isolux, para luego proceder al reparto de comisionares a Marco, a su padre y a Dos Santos". Pujol Ferrusola respondió ese mismo día que necesitaba "estar protegido ante la Hacienda Pública española" en ese momento y avisó de que si cambiaban las cosas más adelante ya le avisaría y cambiaría los contratos.
De los contactos que mantuvo el primogénito de los Pujol con el director comercial de Isolux en Sudamérica se han extraído datos "íntimamente conexos con los hechos investigados" en los que también ha participado Dos Santos, el conseguidor de licitaciones. Según la policía judicial, Jordi Pujol Jr. "mantuvo una pugna" con ambos "por el cobro de la comisión que le correspondía en relación con una licitación".
Según la policía judicial, Jordi Pujol Jr. "mantuvo una pugna" con dos de sus conseguidores "por el cobro de la comisión que le correspondía por una licitación"
Los agentes han hecho hincapié en que el primogénito del Molt Honorable President estaba "al tanto de la evolución" de las adjudicaciones en Sudamérica gestionadas por Maxit y Dos Santos. En este sentido, han explicado al magistrado que instruye la causa en la Audiencia Nacional que cuando Dos Santos tenía conocimiento de que un gobierno iba a "licitar un proyecto público de gran envergadura", contactaba con Jordi Pujol Ferrusola. El hijo del líder catalán posteriormente ofrecía los proyectos a sociedades como el Grupo Isolux Corsán y Acciona "para ver si están interesadas en su adjudicación".
África
Entre la documentación intervenida en la causa también se halló un contrato en el que aparecía Jordi Pujol Ferrusola en representación de una mercantil instrumental para el cobro de comisiones asociadas a una licitación pública en Uganda, a la que habría concurrido el grupo Isolux Corsan. En el mismo informe se hace referencia a facturas emitidas entre 2010 y 2012 en concepto de supuestos servicios ofrecidos por Isolux y otras compañías en Gabón.
La UDEF también ha recogido los negocios del grupo en Congo. En concreto, un contrato por ocho millones de euros para el suministro e instalación de una subestación de energía eléctrica. "En este proyecto público habría desarrollado un papel importante como interlocutor en la zona con contactar con las autoridades locales africanas Josep Duro Coma", a quien el propio Jordi Pujol Ferrusola reconoció como "colaboradores suyos para intermediar en esos países", según el informe.
Asimismo, los agentes de la policía judicial han comunicado al juez José de la Mata la "existencia de presumibles comisiones ilícitas percibidas por Jordi Pujol Ferrusola (...) que resulta ser un contrato en el que las partes se reparten el 50% de la retribución (...) sin especificar la empresa adjudicataria y dejando como organismo gubernativo licitador bien a Camerún o a Guinea Bissau".
"Comportamiento sistemático"
En una resolución del 17 de enero, a la que tuvo acceso Vozpópuli, el magistrado instructor ya advertía que los diversos delitos cometidos por las redes de corrupción lideradas por Jordi Pujol Ferrusola y otros miembros de su familia obedecen a un "patrón de comportamiento sistemático y a una metodología sustancialmente uniforme".
En aquel auto, De la Mata concluía que la organización criminal recurría de forma sistemática "al tráfico de influencias y otras actividades corruptas"; y que el dinero de las mordidas "se parapetaba" en distintos países, como por ejemplo Panamá, México, Andorra o Argentina, "tras una frondosa estructura societaria". Y para esconder estas sumas, los Pujol contaban con la ayuda de "falsedades documentales que les daban cobertura"
