La Audiencia Nacional cierra la puerta a atribuir cohecho al exalcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, en el caso Púnica. La Sala de lo Penal ha tumbado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de actuar contra el exedil popular por el presunto cobro de dádivas con la concesión de un contrato de estacionamiento regulado. Al respecto concluye que no hay pruebas que apunten a pagos al político.
"(Hay) ausencia total de indicios en cuanto al pago de dádivas relacionadas con el expediente en cuestión, siendo así que se desconoce quién paga, donde paga y cómo paga, además de quién sería el beneficiario de los supuestos pagos", rezan los magistrados en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Se trata de unos hechos que se han investigado en el marco de la pieza quinta de esta trama de corrupción que precisamente tuvo su epicentro en contratos de la localidad de Valdemoro bajo la alcaldía de Francisco Granados. En ese contexto, el magistrado Manuel García Castellón acordó en abril dar el primer paso para enviar al banquillo a un total de 21 personas por presunto amaño de adjudicaciones en el municipio epicentro de la trama, además de las localidades de Serranillos del Valle y Torrejón de Velasco.
Los contratos de Púnica
La Sala estima parcialmente el recurso del Ministerio Fiscal pero no en lo que respecta a Boza. Según indica, las declaraciones de otro coimputados -entre ellas las del cerebro de la trama David Marjaliza- no tienen peso suficiente como para constatar pagos en B al político. De hecho, las investigaciones sobre esta parte de la trama Púnica se iniciaron precisamente a raíz de las confesiones del constructor en relación a la licitación del servicio público de estacionamiento (SER).
En concreto se refirió a este contrato así como al de retirada de vehículos en la localidad madrileña. Según relató el empresario de Pinto la empresa que se adjudicó el servicio, Seys Medioambiente S.L, habría pagado comisiones cercanas a los 300.000 euros a Boza, en el momento de los hechos alcalde de la localidad. Según dijo, las comisiones no se la dio directamente a este sino a través de su jefe de gabinete, Alfredo Ovejero.
El auto del juez reitera la ausencia total de indicios en cuanto al pago de dádivas. No existiendo ningún indicio del pago de sobornos la exclusión de Boza resulta lógica y razonable
Para diversificar su actividad económica, Marjaliza puso en marcha una UTE entre Seys Medioambiente, que él mismo controlaba, y la sociedad Valoriza Servicios Ambientales S.L, que pertenecía a Sacyr. Los investigadores acreditaron su peso en esta licitación tras el registro de sus oficinas ya que entre el material incautado se encontraban documentos relativos sobre este proceso de contratación, así como "instrucciones" de que los contactos con el consistorio se tenían que hacer directamente con Seys.
El instructor del caso Púnica determinó en abril que el hecho de que la secretaria de Marjaliza poseyera toda la documentación ponía "claramente de manifiesto" que el empresario "participó personalmente como intermediario facilitando la adjudicación del contrato" y que la actuación fue encaminada a lograr la defraudación del proceso público de licitación.
Sin indicios de pago de sobornos
Ahora bien, la Sala entiende que estos hechos no demuestran por sí mismos la implicación directa de Boza en el presunto cobro de dádivas. "Se habla en un primer momento de una cantidad aproximada a 300.000 euros, para luego señalar dos pagos por importes de 39.930 euros y 86.418 euros respectivamente, cantidades muy alejadas de esos supuestos 300.000 iniciales. No existiendo ningún indicio del pago de sobornos en relación con este expediente, su exclusión resulta lógica y razonable", reza el auto.
La Sala de lo Penal también dilucida sobre otras cuestiones planteadas por Anticorrupción como la prescripción de otro capítulo de la trama relativo a la adjudicación para la construcción de una residencia de ancianos también en Valdemoro. En este caso atribuye corrupción y prevaricación al también exedil José Miguel Moreno por la licitación de este concurso al haberse producido también pagos de Marjaliza para conseguir con la licitación.
De nuevo los indicios con los que cuenta la Fiscalía son las declaraciones del constructor confeso, que dijo que este alcalde estaría a sueldo suyo por todas las obras, contratos y licencias que le otorgaban. Además, expuso que su entonces secretaria intervenía en la entrega de sobres con el dinero en efectivo acordado por su jefe. Al respecto la Fiscalía plasmó que el plazo de prescripción de los delitos debía ser mayor que el trazado por el juez en tanto existiría un concurso medial entre cohecho y prevaricación.
El socio de Marjaliza
Pero la Sala se hace eco de la versión del juez, que expone que la Fiscalía no especificó la calificación jurídica que merecería este presunto capítulo de corrupción y, por tanto, fijó como referencia la fecha de licitación del contrato; esto es, el año 2005. Con todo, avisa que los hechos investigados en una de las causas más longevas de la Audiencia Nacional "obedecen a una estrategia criminal de corrupción sistemática de las administraciones públicas".
La licitación analizada relativa a la construcción de una residencia de ancianos fue a parar a la mercantil Obrum, detrás de la que se encontraban Marjaliza y su entonces socio José Luis Cápita. La Fiscalía, que terminó actuando contra él tras descubrirse su entramado en Suiza, instó a imputarle por la adjudicación de la residencia. Sin embargo, la Sala dice que la ausencia de indicios de su participación es "notoria" y que además, los hechos a los que alude también estarían afectados por la prescripción.
