Las reclamaciones formuladas contra el Gobierno ante el Consejo de Transparencia se han disparado a máximos históricos en lo que va de año. En los primeros meses de 2021, el volumen de peticiones de información a través del citado organismo ha crecido como nunca antes desde 2015, año en el que se constituye el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y comienza la serie de datos.
Las cifras de los cinco primeros meses de 2021 son únicamente rebasadas por el pico ligeramente superior registrado en julio de 2020, tras el confinamiento domiciliario por la pandemia, cuando el Consejo de Transparencia llegó a registrar 237 reclamaciones en ese mes.
En lo que va de año, se han formulado ante Transparencia en total 974 reclamaciones contra el Gobierno central y las comunidades autónomas: 154 en el mes de enero, 192 en febrero, 228 en marzo, 220 en abril y 180 en mayo. En el caso de mantenerse esta tendencia, el Consejo de Transparencia registrará este año un récord de reclamaciones, cuyas cifras anuales muestran una tendencia alcista: 517 en 2015, 890 en 2016, 1.067 en 2017, 1.338 en 2018, 1.780 en 2019 y 1.704 en 2020.
De esas 974 reclamaciones registradas en total, 522 han sido dirigidas contra órganos de la Administración General del Estado. El resto, contra instituciones dependientes de los gobiernos regionales. En lo que respecta al Gobierno central, en los cinco primeros meses de 2021 se han registrado 89, 109, 122, 97 y 105 reclamaciones frente a los 76, 90, 39 y 8 (se incluyen abril y mayo por el confinamiento) de 2020, que a su vez superaron las de 2019: 69, 75, 82, 66 y 88, desde enero hasta mayo.
Por tanto, con los datos globales correspondientes a menos de medio año, en lo que va 2021 ya se han registrado más de la mitad de las reclamaciones registradas en cualquier otro ejercicio previo y más que en el mismo periodo de años anteriores, de acuerdo con la información del Consejo de Transparencia consultada por Vozpópuli. Las reclamaciones se formulan tras la negativa de la administración a ofrecer una información pública o cuando lo hace parcialmente.
Un Consejo de Transparencia cada vez más opaco
Estas cifras se enmarcan en un contexto de creciente opacidad, después de que las administraciones españolas hayan batido récords de preguntas sin contestar, tal y como informó este diario. Además, el Gobierno nombró hace casi un año a José Luis Rodríguez Álvarez como nuevo presidente del Consejo de Transparencia, que no ofrece ni entrevistas ni declaraciones a los medios.
Desde la llegada del nuevo presidente, Transparencia ha dejado de realizar valoraciones a la prensa y Rodríguez se ha negado a ser entrevistado por los diversos medios de comunicación que lo han solicitado y en múltiples ocasiones.
Transparencia ha dejado de realizar valoraciones a la prensa y su nuevo presidente se ha negado a ser entrevistado
Este cambio en la estrategia de comunicación del CTBG supone un incumplimiento manifiesto de la Ley de Transparencia y contrasta con la política que hasta ahora había aplicado el ente independiente. Fundado con una pretendida vocación aperturista, el Consejo de Transparencia ha contado con altos cargos que no han tenido inconveniente de ofrecer entrevistas para mostrar las virtudes y las carencias del organismo.
Así lo hizo este mismo verano el entonces presidente en funciones y antiguo subdirector, Javier Amorós, en un encuentro con el diario ABC en el que no dudó en manifestar la falta de medios del CTBG junto a Esperanza Zambrano, directora de reclamaciones. Ambos han sido cesados tras la entrada de Álvarez.
Transparencia, sin autonomía tras los reveses al Gobierno
Además, el Gobierno de Pedro Sánchez ha influido en la autonomía con la que contaba hasta ahora el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El organismo, que es público pero posee carácter independiente, ha incidido en los últimos meses en cuestiones que molestaban al Ejecutivo, como las relativas al 'Delcygate'.
Sin embargo, ahora ha dejado en manos de la Moncloa decidir si se han incumplido o no normas de transparencia por parte de miembros del Gobierno, según informaba 'ABC' hace unos meses.
Álvarez pide más dinero
José Luis Rodríguez Álvarez sí ha retomado la petición de más fondos para acabar con la "precariedad crónica" que sufre el Consejo de Transparencia. Lo hizo hace pocas semanas en el Congreso de los Diputados, donde aseguró que, pese a ello, la falta de medios no afecta a su imparcialidad, pero sí a un "independencia de actuación", puesto que le impide desarrollar eficazmente todas las funciones que tiene encomendadas.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Calidad Democrática del Congreso, Rodríguez Álvarez señaló que el Consejo de Transparencia nació en un contexto de crisis económica y austeridad, quedando "a medio hacer" y es urgente "acabar de crearlo", entre otras cosas modificando su estructura orgánica. Las 24 personas que componen el organismo y el presupuesto de poco más de 2 millones de euros son "insuficientes", según el presidente.