Parecía que la producción eólica estaba a salvo, después de que el mayor ajuste del año pasado se lo llevó la solar. Pero la crisis sigue apretando los presupuestos y el sistema eléctrico se tambalea. El déficit de tarifa está a punto de rebasar los límites legales y el Gobierno tiene que seguir poniendo diques de contención. El turno ahora es de la eólica.

El Ministerio de Industria considera que la regulación que ha diseñado para el sector eólico y que acaba de remitir a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) es "estable", "predecible" y evita un "parón" en el sector, indicaron a Europa Press en fuentes del departamento dirigido por Miguel Sebastián.

Para Industria, la norma supone la continuación de su "clara apuesta por la energía eólica" y se ha realizado tras un diálogo con el sector durante los últimos meses. Su contenido dota al sector de un "sistema estable a largo plazo" y mantiene no solo su desarrollo sostenible, sino también el del conjunto del sistema eléctrico y sus consumidores, señala.

La regulación es "predecible" porque la forma de determinación de todos sus parámetros son conocidos, lo que no supone discrecionalidad y evita intervenciones a futuro, al tiempo que garantiza una retribución mínima y fija anual a cada proyecto, como mínimo, para atender el servicio de la deuda del proyecto, afirma.

Esta retribución mínima se actualiza anualmente para los nuevos proyectos en función de las condiciones de los mercados financieros, de manera que se elimina el riesgo de financiación de nuevos proyectos.

Riesgo de burbujas
En Industria también destacan de la nueva norma el mecanismo de actualización de primas para evitar carreras entre promotores y avalanchas. Al aplicarse a todas las instalaciones bajo este régimen con independencia de su momento de entrada en operación, se evitan burbujas o parones "muy negativas para la producción y el empleo", afirma.

Junto a esto, en el departamento dirigido por Sebastián también se destaca la simplificación y reducción de cargas administrativas incluidas en la norma, que está en condiciones de cumplir los objetivos en eólica asumidos por España ante la UE.

Al mismo tiempo, la norma "minimiza el coste que supone para los consumidores españoles", al tiempo que asegura la competencia de la energía eólica en el mercado eléctrico, su reducción de costes, la competitividad de las empresas del sector en el mercado internacional y por tanto el mantenimiento y la creación de empleo, señala Industria.