El Partido Popular ha descubierto a nueve meses de las elecciones municipales su urgente necesidad de acometer lo que Soraya Sáenz de Santamaría definió el viernes como “una regeneración democrática” que “facilita la transparencia y la cercanía y respeta la elección de los vecinos y de la mayoría”. Para ello pretende sacar adelante una reforma del sistema de elección de alcaldes que otorgaría la mayoría absoluta a quien consiga más del 40% de los votos y que podría someter a una segunda vuelta electoral entre las dos principales formaciones a los consistorios en los que no se supere ese umbral.
Las cifras dejan sobre la mesa una conclusión: el nuevo sistema reportaría resultado favorable sólo para PP y PSOE en detrimento de UPyD, Ciudadanos y Vox en el lado del PP y de Izquierda Unida y Podemos en el contrario
Los datos muestran que la fórmula es en el fondo un blindaje del bipartidismo en un momento en que los electores apuestan por ponerle fin. Pero la reforma es, además, un escándalo en las formas porque los populares se dicen dispuestos a cambiar las reglas a 9 meses de las elecciones municipales sin el consenso de los demás partidos. En términos futbolísticos, es como si Madrid o Barça cambiaran las reglas del partido sin contar con su rival ni con los demás equipos y sólo a 17 minutos de que acabe el encuentro. 17 minutos son, en términos futbolísticos, el equivalente a los 9 meses que restan en el calendario político antes de las elecciones.
El debate de fondo: el blindaje del bipartidismo
De esas dos aristas, la más importante es la cuestión de fondo: el cambio por ley del sistema de elección de alcaldes soluciona un problema que no existe. En España 9 de cada 10 ayuntamientos se rigen ya por la mayoría del partido más votado. De los algo más de 8.100 consistorios españoles, casi 7.300 se rigen por el sistema que el PP quiere blindar ahora por ley.
En términos numéricos, el PP está poniendo solución a otro problema: el problema del PP y su soledad política. Ante el riesgo de perder alcaldías como Madrid o Valencia y la imposibilidad de pactar con el resto del espectro, la medida daría al Partido Popular una oportunidad de batallar sólo contra el PSOE en una segunda vuelta y de evitar bipartitos o tripartitos que le desbanquen de las grandes ciudades. En lugar de abrirse a negociaciones o pactos, los populares pretenden convertir en mayoría absoluta su 40% de apoyos en el mejor de los casos.
Ese sistema beneficia abiertamente al PP en las ciudades de más de 25.000 habitantes. Con los últimos resultados electorales del pasado mes de marzo, el PP se garantizaría para sí el gobierno de Zaragoza, Soria, Segovia, Lugo, Pontevedra, Orense, Toledo, Cuenca y Santa Cruz de Tenerife, entre otros. El mapa actual pasaría a teñirse de azul y el PP conservaría sus grandes bastiones. A cambio, tendría que ceder definitivamente los terrenos donde ha avanzado el nacionalismo. Las cuatro capitales catalanas caerían en manos de ERC y de las tres vascas, Vitoria y San Sebastián serían para Bildu y Bilbao para el PNV. CiU terminaría controlando 33 ayuntamientos, el PNV unos 15, Bildu una decena y una cifra similar caería en manos de ERC.
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Pero el sistema no beneficia sólo al PP. Blinda sobre todo el bipartidismo. La nueva fórmula permitiría al PP y al PSOE repartirse el 89,2% de los consistorios de España en una primera vuelta y optar al resto en una segunda. Con los resultados de las elecciones anteriores, Izquierda Unida, UPyD, Ciutadans y Podemos apenas sumarían 13 ayuntamientos en todo el país.
En un momento en que PP y PSOE apenas han sumado dos tercios del total de votos (un 63,7%), depurar el tercio restante de votos a partidos minoritarios no parece el camino de una “regeneración democrática” sino de un blindaje de su poder. En un momento en que el CIS sólo otorga un 23,4% de intención de voto directo a PP y PSOE frente al 11,9% que otorga a Podemos, el 6,2% de Izquierda Unida y el 3,5% de UPyD, el intento de reforzar el bipartidismo no responde a la voluntad popular sino a la particular de los partidos en un momento en que el pueblo se mueve en la dirección contraria y puede terminar alimentando el desánimo del 19,2% de la población que dice que no votará o el 5,5% que votará en blanco.
En conclusión, las cifras dejan sobre la mesa un resultado favorable a PP y PSOE con daños colaterales en algunas zonas. Las cifras permiten denunciar un PPucherazo o un PSucherazo y lo apoyan los socialistas en detrimento de formaciones como UPyD, Ciudadanos, Vox en el lado del PP y de Izquierda Unida y Podemos en el lado del PSOE.
El grave debate de las formas
Paralelo al debate de fondo corre el de las formas. Los populares se declaran dispuestos a sacar adelante la reforma en solitario sin haberlo pactado ni de puertas adentro ni de puertas afuera.
Como revelaba Segundo Sanz, alcaldes del PP que gobiernan sin que sus siglas hayan sido las más votadas amenazan con una rebelión interna. Es el caso de plazas clave como Almonte o San Juan del Puerto (Huelva) o de Alcalá de los Gazules y Ubrique (Cádiz) o Ronda (Málaga) y Herrera, Mairena del Alcor y Sanlúcar la Mayor (Sevilla). El PP ni siquiera ha consultado con los suyos su propia idea de “regeneración democrática”.
Pero tampoco lo ha hecho con los demás. El PSOE ya ha dicho que no acudirá a reuniones que pretenden negociar esa reforma. El resto de grupos de la oposición han acuñado el término de PPucherazo y diarios tan dispares como El País y El Mundo han compartido línea editorial con editoriales titulados “Así no se reforma” y “El PP se equivocará si se empeña en reformar en solitario la ley electoral”, respectivamente.
Si el Partido Popular quiere, de verdad, abrir un proceso de regeneración democrática debiera comenzar por abrir un proceso de diálogo. Si quiere limpiar los consistorios, debiera empezar por los suyos y no aprobar una norma contra todos. Y si quiere cambiar el sistema, debiera optar por el consenso en un proceso reposado sin esta insólita velocidad. Todo lo demás es lo que parece: una maniobra para conservar el poder.
