El Consejo de Estado ha enmendado de arriba abajo el reglamento que desarrolla el sistema registral electrónico ideado por un grupo de registradores encabezado por Enrique Rajoy, hermano del presidente del Gobierno.
De acuerdo con un dictamen del órgano consultivo al que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ejecutivo no puede aprovechar un mero reglamento para colar por la puerta de atrás una reforma de la figura de los registradores, una institución amparada por la Constitución española. Aunque el informe no sea vinculante, la dimensión de las objeciones pone en cuestión toda la reforma iniciada del Registro Civil. El asunto reviste ribetes de escándalo y corre el riesgo de estallar en las manos del recién llegado titular de Justicia, Rafael Catalá.
A principios de julio, el Gabinete de Mariano Rajoy introdujo en el Real Decreto-ley 8/2014 la creación de una corporación pública que gestionase el sistema informático del Registro Civil. A continuación, esta iniciativa precisaba una arquitectura legal que la sustentase e implementase mediante un reglamento. Y éste se formuló a través de un proyecto de Real Decreto fechado el 15 de septiembre de 2014, sobre el cual ha emitido un dictamen el Consejo de Estado.
¿Y qué dice el órgano consultivo en ese documento? Pues pone numerosas objeciones esenciales al decreto y, por lo tanto, censura todo el andamiaje legal que presta cobertura a una reforma que ha incendiado a buena parte del Colegio de Registradores.
Básicamente, el nuevo decreto sólo tenía que articular un reglamento y crear una corporación que se encargase de gestionar el sistema informático del Registro Civil. Ése era el mandato del Real Decreto-ley 8/2014. Sin embargo, por la puerta de atrás y mediante este reglamento de rango menor se amplían las capacidades de la nueva Corporación, hasta el punto de asumir la gestión integral de todo el sistema informático registral y exigir a los registradores que traspasen a la Corporación sus bases de datos, aplicaciones y sistemas automatizados. O lo que es lo mismo, obliga a los registradores a renunciar al control de los servicios electrónicos de todos los Registros y, por consiguiente, choca directamente con sus competencias.
El Consejo de Estado entiende que no existe un mandato legal para extender el sistema informático a otros Registros y que la Corporación debe limitarse a ser un mero órgano de gestión del sistema informático del Registro Civil. “El proyecto no puede entrar a regular aquellos aspectos y funciones que nuestro ordenamiento jurídico reserva al Colegio de Registradores”, sostiene.
Es más, el órgano consultivo del Estado recomienda una solución mucho más simple: que el Colegio de Registradores asuma la gestión íntegra de la Corporación.
¿Y a qué obedece todo este intento de meter de tapadillo unos cambios de tanto calado? Diversas fuentes apuntan que un grupo de registradores liderado por Enrique Rajoy ha tomado la Dirección General del Registro y el Notariado e intenta que la contratación del sistema electrónico se le adjudique a una empresa llamada Futuver en alianza con Microsoft. Y ello pese a que los propios registradores ya cuentan con su propio departamento informático en el que han invertido numerosos recursos.
Sin embargo, la mayoría de los registradores se opone a esta reforma por los costes que les pueda ocasionar y defiende que el Registro Civil se entregue a los secretarios judiciales. De hecho, en abril del año pasado la asamblea del Colegio de Registradores ya se levantó en armas y expulsó a la cúpula de la organización por la connivencia exhibida con el grupo de Enrique Rajoy en el diseño de esta reforma.
Aun así, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha vuelto a la carga con la reforma del Registro Civil. Sólo que para saltarse el necesario respaldo del Colegio a la hora de contratar a la empresa se ha buscado la excusa de que la informatización del Registro Civil es una cuestión de seguridad nacional y se ha encomendado la organización del concurso a una empresa del Ministerio de Defensa. De este modo se pueden omitir las prácticas habituales de transparencia de un concurso, denuncian las fuentes consultadas.
