El Gobierno regulará el aforamiento de don Juan Carlos después de que se haga efectiva su abdicación mediante una ley orgánica que deberán aprobar las Cortes y para la que no ha fijado aún un plazo concreto de presentación. Por tanto, a partir del próximo 19 de junio Don Juan Carlos perderá su inmunidad jurídica sine die.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que ese será el instrumento legal al que recurrirá el Gobierno para regular la situación de don Juan Carlos ante la justicia una vez que pierda la inviolabilidad de que goza como monarca.
De esa forma, se descarta que se pueda recurrir a otros instrumentos parlamentarios como la presentación de una proposición por parte de alguno de los grupos de la Cámara.
Lo que no se ha aclarado es si esa ley orgánica será distinta del anteproyecto de reforma de la ley del Poder Judicial que el Gobierno anunció en abril y en el que se abordaba el aforamiento de la Reina y de los Príncipes de Asturias. Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Gobierno tiene "perfectamente elaborado lo importante" sobre este asunto y ha explicado que, en su momento, informará del contenido y la forma en que se desarrollará la regulación del régimen jurídico de don Juan Carlos.
Sin carácter retroactivo
Fuentes del Gobierno han informado de que se está trabajando en esta cuestión desde el pasado mes de abril. Lo que ha subrayado la vicepresidenta es que la futura aplicación del régimen de aforamiento a don Juan Carlos nada tiene que ver con la inviolabilidad de que ha gozado como monarca.
"Uno deja de ser inviolable a futuro, pero eso no implica recuperar las responsabilidad para las actuaciones anteriores", ha aclarado, para reiterar que el Rey "tiene inviolabilidad, no responsabilidad por los hechos cometidos en el ejercicio de su cargo".
También ha señalado que la "reflexión" sobre lo que ha considerado un "vacío legal" en la condición jurídica de algunos miembros de la Familia Real ya la hizo el Gobierno al proponer en abril la reforma legal del Poder Judicial. De igual forma, ha considerado "llamativo" que nunca se hubiera aforado a ninguno de ellos (lo que implicaría que sólo podrían ser juzgados por el Tribunal Supremo), ni siquiera al Príncipe de Asturias.
Igualmente, la vicepresidenta ha hecho hincapié que es la primera vez que abdica un rey en democracia, y que la decisión que ha tomado don Juan Carlos ha estado muy pensada. "Ha sido muy meditado por quien tenía que tomar esa decisión", ha señalado.
Mientras tanto, el Gobierno ha apoyado el proceso manteniendo "a partes iguales -ha enfatizado- reflexión y discreción".
Llamamiento público individual
Este viernes se conocía que la votación que tendrá lugar en el pleno del Congreso el próximo 11 de junio para aprobar la ley orgánica que regula la abdicación del Rey se realizará por llamamiento público individual de cada diputado, por lo que tendrán que expresar su voto de viva voz.
Esta fórmula será la utilizada después de que así lo hayan pedido la Izquierda Plural y el Grupo Mixto de la Cámara baja, ya que hay obligación para hacerlo de esta forma cuando es solicitado por dos grupos parlamentarios. Además, se ha confirmado que el Senado tramitará esa ley en un pleno monográfico el 17 de junio, dos días antes del acto solemne de proclamación de Felipe VI.
Sáenz de Santamaría ha contestado a la posibilidad de que a ese acto no acuda el presidente Artur Mas (la Generalitat ha dicho que intentará ir aunque mantiene un viaje a Estados Unidos por esas fechas) y al anuncio de CiU de que se abstendrá en la votación de la ley orgánica que regula la abdicación de don Juan Carlos.
La vicepresidenta ha hecho una llamada a la "reflexión" a esta fuerza política para "no mezclar debates" en un momento importante para la historia de España.
También ha respondido a su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i LLeida, después de que este asegurara hoy que la abstención de CiU es la reacción al trato injusto que recibe Cataluña. La vicepresidenta ha negado que exista ese supuesto trato injusto y ha señalado que en cada reunión del Consejo de Ministros hay decisiones que desmienten esa acusación.
