El juzgado de instrucción número 31 de Madrid ha ordenado a la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil que investigue el presunto fraude fiscal cometido por el exvicepresidente Rodrigo Rato. La decisión ha sido adoptada por el magistrado Antonio Serrano-Artal después de que agentes de la Agencia Tributaria iniciaran el 17 de abril las investigaciones y practicaran registros en el domicilio y despachos de Rato tras una denuncia de la Fiscalía de Madrid.
La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid decidió este martes que la investigación a Rodrigo Rato es competencia de los juzgados de Madrid y no de la Audiencia Nacional, puesto que no se ve que haya una "conexión clara" entre los delitos que se le imputan al exvicepresidente y el caso Bankia.
El pasado 20 de abril, Serrano-Artal decidió inhibirse en favor del magistrado de la Audiencia Nacional al considerar que los hechos relatados en la denuncia que le presentó la Fiscalía de Madrid contra el exministro de Economía tenían conexión con el caso Bankia. Pero la sección 23 de la Audiencia Provincial ha estimado el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del juez de Madrid y, tras deliberar a puerta cerrada, han fallado hoy que la competencia para investigar a Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes corresponde al juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.
Para la Fiscalía, nada tiene que ver este caso con el de las irregularidades en la fusión y salida a bolsa de Bankia, causa que podría "devenir inmanejable" e ineficaz si se introducen "los eventuales delitos fiscales u otros" cometidos por los imputados. De este modo, será el magistrado Antonio Serrano-Artal el encargado de la causa, y no el juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu.
