La Audiencia Nacional mantiene el foco en el contrato de RTVE para producir la serie de José Luis Moreno. El ente público ha cerrado filas ante el juez del caso Titella negando irregularidad alguna con la firma del contrato de más de 6,3 millones de euros para emitir la serie 'Aquí mando yo y punto com'. No obstante, no ha negado que el documento lo firmara el productor, pese a sus problemas con Hacienda.
Según se desprende de la última documental incorporada a la causa y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado Ismael Moreno requirió al ente público que preside Concepción Cascajosa información sobre este contrato que investiga la UDEF en el marco de la trama contra el productor por una presunta estafa bancaria.
El instructor giró este requerimiento meses después de tomar declaración a la antigua cúpula de RTVE, incluido su expresidente José Antonio Sánchez Domínguez. Las imputaciones, adelantadas por este medio, buscaban arrojar luz en relación al millonario contrato que firmó la televisión pública con Integral Mundox Producciones y con Amiguetes Entertainment, sociedad esta última de Santiago Segura.
RTVE justifica el contrato
Los investigadores sospechan que el verdadero artífice de esta firma fue José Luis Moreno, si bien no podía figurar en el acuerdo por sus problemas con Hacienda. Los agentes se basan, por un lado, en la documentación requisada en la mansión del ventrílocuo, y, por otro, en los indicios contra Raúl Pontvianne, el representante de Integral Mundox que habría actuado como testaferro de la trama.
Tras los interrogatorios, el juez consideró necesario recabar más información de RTVE y, por ese motivo, requirió que respondiera las dudas no solo en cuanto a los pormenores del contrato, sino también sobre las personas que lo firmaron. El asunto es de especial relevancia para los investigadores, hasta el punto de que encargaron a la Guardia Civil una pericial caligráfica para esclarecer si la firma que figura en el acuerdo con la televisión pública es o no de Moreno.
El escrito de contestación, que firma el director de la asesoría jurídica de RTVE, no confirma que fuera Moreno el que rubricara el acuerdo firmado el 23 de noviembre de 2017, pero tampoco lo descarta. El juez explica que en el mismo intervinieron el entonces presidente del ente público además de las dos sociedades arriba mencionadas.
"Se ha detectado que la firma que se atribuye a Raúl Pontvianne no se asemeja a la que estampa en documentos oficiales como su DNI y resulta similar, sin embargo, a la que suele hacer el también investigado José Luis Moreno quien, en una de sus declaraciones judiciales afirmó haber plasmado en dicho contrato su firma", recoge el escrito.
"La firma no se efectúa en unidad de acto"
Al respecto, el magistrado instructor se interesó específicamente por el procedimiento que se siguió para firmar el acuerdo de más de 6,3 millones de euros y por los responsables que participaron en el mismo. En su respuesta RTVE especifica que la firma no se efectuó en unidad de acto, de forma que el representante lo validó tras recibirlo ya firmado de la parte contratante.
De esta manera el ente elude cualquier responsabilidad por esta transacción y delega las acciones en el área de compras. "Este área recaba la firma de contratantes ajenos, recibe los originales firmados (...) y constata el cumplimiento de los trámites previos necesarios marcados por la normativa interna de contratación", sostiene. Una vez constatada la existencia de la documentación necesaria, el área de compras remite los ejemplares para que los firme el apoderado.
Sospecha sobre los "mecanismos de control" de RTVE
Así pues, y al descartar que hubiera una reunión física en la que se firmó el contrato, desde RTVE tampoco resuelven las dudas del juez Moreno acerca de quienes fueron los testigos de la operación. Del mismo modo confrontan las sospechas de los investigadores de que el productor utilizó a una persona interpuesta para firmar el contrato de la serie ideada por él.
RTVE dice que el contrato no se firmó de manera presencial y que no se habría vulnerado la Ley porque fue un contrato mercantil y, por tanto, las exigencias de cumplimiento fiscal se ciñen solo a las empresas que firman y no a sus titulares
Por ello el juez se interesó también por los "mecanismos de control" del ente público para evitar que "la prohibición legal" recogida en la Ley de Contratos del Sector Público fuera "fácilmente eludida interponiendo a una persona distinta".
En su respuesta, RTVE explica que, al tratarse de un contrato mercantil éste quedaba excluido de los ámbitos de aplicación establecidos por la citada ley porque su objeto era la contratación de derechos de explotación de la propiedad intelectual sobre obras audiovisuales.
Así pues, sostienen que quedaría descartada irregularidad alguna en caso de que lo firmara José Luis Moreno porque las obligaciones legales se exigen directamente a las empresas firmantes. "El contrato suscrito establece que la responsabilidad en la ordenación y ejecución material de la producción, y en la cesión de los derechos de explotación consiguiente, la debería ejercer la empresa/s Productora/s que asumen esa posición contractual, tal como se contempla en la parte expositiva", añaden.
Moreno señaló a Rosa María Mateo
Se trata de explicaciones que no resuelven las dudas de los investigadores en relación a este contrato ni tampoco sobre los vínculos que mantenía José Luis Moreno con la entonces cúpula de RTVE. Además de imputar a los exaltos cargos del órgano, el juez citó también al productor para preguntarle por estos hechos. En su comparecencia, que tuvo lugar el pasado 28 de septiembre, defendió el proyecto y dijo que no salió adelante por la llegada de Rosa María Mateo.
Según fuentes jurídicas consultadas por este medio, Moreno trató de tumbar la tesis policial de que fue el verdadero artífice del contrato con RTVE y dijo que actuó como "un mero colaborador profesional" de Integral Mundox Producciones, la empresa que se usó para firmar el acuerdo de 6,29 millones de euros en 2017.
Según explicó, hubo un primer contrato en noviembre de 2017 y una adenda en enero de 2018, pero insistió en que él no fue parte del contrato y por eso no reclamó nada cuando saltó por los aires el acuerdo para grabar la serie 'Aquí mando yo y punto com'.
Se desdice sobre la reclamación judicial
Precisamente el juez también pidió a RTVE que aclarara si hubo una reclamación en los tribunales dado que así se desprende de las conversaciones incautadas por la Policía, aunque el propio ente negó la mayor en una respuesta al juez.
"Ciertamente CRTVE remitió un certificado en fecha 31 de julio de 2023 informando que a fecha del mismo no constaban en la base de datos reclamaciones judiciales o extrajudiciales en relación con el contrato citado. No obstante, debemos informar que obra en los archivos de esta Asesoría Jurídica documentación que acredita la celebración de una conciliación en el juzgado de primera instancia número 4 de Pozuelo de Alarcón a instancia de Integral Mundox S.L", responden.
Al respecto aclaran que al acto señalado asistieron ambas partes, pero que por la documentación obrante cabe informar también que no llegaron a acuerdo alguno. "De la información disponible no podemos acreditar de forma indubitada si el objeto de tal conciliación fue una reclamación de resarcimiento de perjuicios", concluye RTVE.
