Cuatro años después del primer estado de alarma que confinó a los españoles en sus hogares, la figura de las mascarillas sigue tan vigente como en aquel terrorífico 2020. Otrora fueron un elemento salvavidas que, por falta de stock y ante la impredecibilidad de la pandemia, costó mucho esfuerzo traerlas hasta España. Sin embargo, como estamos conociendo en las últimas semanas, las mascarillas fueron objeto de lucro para algunos.
El 'caso Koldo' investiga a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL, compañía que ha sido llevada ante la Fiscalía Anticorrupción por los contratos que le habían sido adjudicados de forma pública y directa durante la pandemia de la COVID-19 para la compra de mascarillas, por las cuales, los implicados, presuntamente, llegaron a recibir mordidas millonarias.
La trama, que salpica a decenas de personas, ha puesto en el punto de mira a personalidades del Gobierno y las Comunidades Autónomas del país. Paralelamente, otras investigaciones periodísticas están desvelando malas prácticas en otros ámbitos. La última que hemos contado en Vozpópuli es la que rodea a Salvador Illa, exministro de Sanidad, y encargado de la gestión sanitaria, ha pagado por batas, guantes, respiradores y mascarillas que nunca llegaron.
Contratos desorbitados para traer mascarillas que jamás cayeron en manos de los ciudadanos. Cientos de miles, incluso millones de ellas. ¿Dónde están? ¿A qué lugar fueron a parar? ¿Alguien sabe algo de ellas?
Almacenes repletos de mascarillas
Con la polémica del 'caso Koldo' y sus apéndices coleando, en los últimos días hemos conocido la ubicación de varios almacenes de mascarillas abandonadas por toda España. En mayo de 2020, el gobierno de las Islas Baleares recibió un lote de 1,4 millones de mascarillas, cuya compra había sido por contrato de emergencia a través de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., la cual está siendo investigada por las mordidas.
A tenor de la cronología desvelada primero por ABC, el gobierno regional pidió al Centro Nacional de Medios de Protección que analizara el material sanitario recibido. Ya en junio, la respuesta del Centro fue que las mascarillas adquiridas a través de Soluciones de Gestión no cumplían los estándares de calidad exigibles.
Como consecuencia de este análisis, el Servicio Balear de Salud confinó los 1,4 millones de mascarillas en un almacén de servicios generales donde aún continúan cogiendo polvo. El actual gobierno del PP anunció que auditará los contratos adjudicados para la compra de estas mascarillas defectuosas. Francina Armengol, por supuesto, se ha defendido, a través de Iago Negueruela, portavoz del PSOE balear, echando balones fuera.
Hace apenas unos días, el 7 de marzo, medios locales de Navarra se hicieron eco de un lote de 400.000 mascarillas caducadas en un almacén de Pamplona en el barrio de Rochapea.
Según informó el alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, las mascarillas fueron entregadas desde la Delegación del Gobierno al Ayuntamiento de Pamplona "en mayo del año 2022". Por ello, tienen la etiqueta de Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria). En este depósito municipal se dejaron a merced del tiempo, donde caducaron en junio de 2023. "Ahora mismo, son unas mascarillas que literalmente no sirven para nada", relató el primer edil de Pamplona.
Pese a ser en una etapa avanzada de la recuperación sanitaria, se hace difícil de explicar que fuesen dejadas así como así en aquel lugar, teniendo centros sanitarios y emplazamientos públicos donde seguía siendo obligatorio. En aquel año, el equipo de Gobierno recaía en el Partido Popular, Navarra Suma, UPN y Ciudadanos. Las semanas venideras serán clave para seguir arrojando luz a este hecho tan extraño con casi medio millón de mascarillas abandonadas sin explicación.
Por último, el pasado 11 de marzo, el Servicio Extremeño de Salud, al cargo de la Junta de Extremadura, puso "en conocimiento" de la Guardia Civil en Mérida el hallazgo en unos almacenes en el Palacio del Vino de Almendralejo, cedidos a la administración sanitaria por el consistorio, de 700.000 mascarillas de 2020 con carteles del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y etiquetas de "no utilizar".
Pese a las sospechas iniciales de la Administración con respecto al origen de las mascarillas, especialmente con el 'caso Koldo' tan candente, la Junta de Extremadura, a través de su presidenta, María Guardiola, ya negó tajantemente la semana pasada cualquier tipo de relación entre las 700.000 mascarillas halladas y la trama.
"Nosotros lo que hemos visto es toda la documentación que había y evidentemente como se ha dicho en los medios de comunicación todo este tiempo no hay constancia de que haya ningún tipo de contrato, pero ante el hallazgo de este material, simplemente queremos ponerlo en conocimiento para que tanto la Guardia Civil como las investigaciones que estén llevando a cabo si pueda aportar algo o si ellos consideran que es útil o no lo es", ha señalado al respecto el gerente del Servicio Extremeño de Salud, Jesús Vilés.
"El material pone 'no utilizar'... Hay alguno que está caducado, pero como no hemos tampoco procedido a verlo completamente porque como lo vamos a poner a disposición de la Guardia Civil, pues no hemos visto tampoco todo lo que contiene exactamente. Simplemente, es ponerlo en conocimiento donde hay una serie de material de esa fecha procedente de Ingesa que hemos encontrado en un almacén que estaba a disposición del SES", subrayó Vilés.
En total, 2,5 millones de mascarillas han sido abandonadas en España en plena pandemia, toda una ofensa para una ciudadanía que perdía la vida a cada suspiro en la pandemia de la COVID-19. En algún momento, los responsables de tamaña irresponsabilidad deberán, al menos, dar las explicaciones pertinentes.
