El inesperado acuerdo alcanzado en el CGPJ este martes para renovar el Tribunal Constitucional permitirá a Pedro Sánchez nombrar a sus dos candidatos sin tener que recurrir a la polémica ley cuya tramitación tumbó el tribunal de garantías. El Gobierno consigue allanar el camino no solo para designar a los suyos, sino también para inclinar el órgano hacia una mayoría progresista en un momento especialmente determinante para el independentismo catalán.

La fumata blanca lograda en el Pleno extraordinario del Consejo supone una victoria para el Ejecutivo después del revés sin precedentes la semana pasada del Tribunal Constitucional. El PSOE deja en barbecho la ley con la que pretendía nombrar a sus candidatos en solitario tras el desbloqueo del CGPJ. De hecho, se espera que se agilicen las gestiones para nombrar a los cuatro nuevos integrantes del Constitucional que, a su vez, elegirán al nuevo presidente. El trámite podría estar resuelto en cuestión de días.

Con lo ocurrido en el CGPJ, Sánchez evitará tener que sacar adelante una proposición de ley especialmente polémica y que, una vez aprobada, tenía visos de terminar otra vez ante el TC esta vez ante la interposición de recurso de inconstitucionalidad del PP. Nada de ello será necesario puesto que el Gobierno ya ha conseguido el desbloqueo de un tribunal de garantías por el que se prevé que pasen las actuaciones más controvertidas del gobierno catalán.

El referéndum de Aragonés

Su presidente, Pere Aragonés, dejó bien claro en el mensaje de Navidad que ERC no se conforma con la derogación de la sedición ni la rebaja de la malversación. Buscarán la vía de convocar el referéndum para votar la desconexión de España. Se trata de acciones que previsiblemente acabarán en el Tribunal Constitucional, al igual que ocurriera con el Estatut en 2010, la consulta convocada por Artur Mas en 2014 o la que organizó Carles Puigdemont en 2017, entre muchas otras.

Los vocales progresistas dijeron en el Pleno que respaldaban las propuestas de los conservadores por sentido institucional. Las fuentes aplauden el perfil independiente de los nuevos candidatos

Así pues, aunque el Ejecutivo congela la mesa de diálogo con sus socios de ERC y niega que se vaya a autorizar una consulta, el vuelco en el Constitucional es determinante para los planes de Sánchez; sin olvidar que el tribunal de garantías tiene pendiente pronunciarse sobre la ley del aborto, la ley Celáa o la eutanasia. Cuestiones todas ellas que se resolverán con una mayoría progresista.

Esto es así porque los plazos para el vuelco en el tribunal de garantías ya han empezado a contar. Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli dan por hecho que se podría tramitar incluso en cuestión de días. Lo primero es dar traslado del acuerdo del CGPJ al TC. Tras ello, su todavía presidente, Pedro González-Trevijano, convocará "de forma inmediata" un Pleno gubernativo para estudiar la idoneidad de los cuatro candidatos.

Se trata de los dos propuestos por el Gobierno: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Díez y los dos elegidos por el CGPJ: los magistrados María Luisa Segoviano y César Tolosa. Precisamente el examen de idoneidad que ha efectuado desde siempre el Constitucional era uno de los aspectos que quiso suprimir el Ejecutivo a través de las dos enmiendas que no salieron adelante. El objetivo era retirarle esta facultad para otorgársela a Congreso y Senado.

Una vez que el TC verifique que los candidatos reúnen los requisitos, los nuevos integrantes del Constitucional jurarán o prometerán el cargo en un acto que tiene lugar ante el Rey Felipe VI. Tras ello, los nombramientos quedan publicados en el Boletín Oficial del Estado. Del mismo modo se recogerá la salida de los actuales cuatro miembros del tribunal que tienen su mandato prorrogado desde el pasado mes de junio. Se trata del presidente Pedro González-Trevijano, el vicepresidente Juan Antonio Xiol y los magistrados Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez.

"Han sido meses muy malos"

Con este trámite se pone punto y final a medio año especialmente convulso en el Poder Judicial. "Han sido meses injustísimamente malos", explicaban fuentes del CGPJ a este medio al término del Pleno extraordinario de este martes. Vocales conservadores y progresistas dan por finalizados meses de negociaciones que han estado claramente marcados por los choques del Gobierno con el Poder Judicial y por el enésimo intento fallido de PP y PSOE para renovar el CGPJ.

El trámite para designar a los nuevos candidatos es breve. Podría realizarse en cuestión de días. El siguiente paso será elegir al nuevo presidente del Constitucional

De hecho, solventado el problema del TC, ahora la patata caliente queda en la renovación de un Consejo que lleva caducado desde diciembre de 2018. Pero no parece que los principales partidos quieran retomar la senda del diálogo. Desde el PP aplauden el acuerdo del CGPJ, pero instan al Ejecutivo a devolverle todas las facultades para efectuar nombramientos, ya que se las retiraron por ley en marzo de 2021.

"Sería un buen momento para hablar de la renovación del Consejo", precisan dichas fuentes. Sin embargo, no parece que ese vaya a ser el escenario a corto plazo. Precisamente, para entender la crisis sin precedentes que se ha vivido en el órgano de gobierno de jueces así como el incumplimiento del límite legal estipulado por el Gobierno hay que remontarse a 2021, cuando el Ejecutivo les vetó de su facultad para nombrar a la cúpula del Poder Judicial.

Una crisis que viene de lejos

PSOE y Podemos tuvieron que corregirse a sí mismos cuando, llegado el momento de renovar el TC, se encontraron con un CGPJ impedido para designar a los suyos. Se preveía que para junio de 2022 el CGPJ ya estuviera renovado pero los intentos fallidos hicieron que llegase la fecha límite sin posibilidad de cambio. Por ello el Gobierno rectificó su criterio y les permitió nombrar solo a los candidatos del Constitucional.

Esta fue la gota que colmó el vaso para el sector más conservador, que lo entendió como un movimiento de tinte político y no de interés judicial. De ahí que en los meses siguientes el acuerdo para designar a sus dos nombres al Constitucional no fructificara. Por el camino, entre septiembre y octubre, se dejaron en punto muerto las negociaciones al considerar que esta vez sí PP y PSOE iban a renovar el Consejo y sería este el que nombraría a los dos miembros del TC. Pero ese escenario nunca se produjo; visita del comisario europeo de Justicia Didier Reynders, mediante.

Así pues, en noviembre los equipos del bloque progresista y conservador comenzaron a negociar seriamente sobre sus candidatos. Los progresistas querían nombrar rápido. En poco tiempo propusieron nueve nombres (entre ellos el de Pablo Lucas y María Luisa Segoviano) y posteriormente eligieron a José Manuel Bandrés, magistrado del Tribunal Supremo. El bloque mayoritario, por su parte, fue más despacio. Y así se llegó a diciembre, cuando Sánchez anunció una sorpresiva reforma que le permitía nombrar a Campo y Díez para el TC sin tener que esperar al CGPJ.

El cambio afectaba también al propio TC y al Consejo. Con la entrada en vigor de la ley se modificaría la forma de elegir a sus dos nombres para el TC. Ya no era necesario quórum del Pleno y tampoco mayoría de tres quintos. Bastaba con mayoría simple. Además, se daba un tiempo muy preciso para convocar Pleno y nombrar y, los vocales que no acataran, podrían incurrir en responsabilidades penales.

"Son candidatos independientes"

Ante ese escenario los conservadores aceleraron. El objetivo era evitar reformar el TC con las reglas de Sánchez ya que, de hacerse así, saldría elegido José Manuel Bandrés, candidato que, dicen, lo propuso Moncloa. Así pues se celebró un primer Pleno la semana pasada con las dos propuestas de los conservadores (el magistrado César Tolosa y Pablo Lucas) pero el resultado fue fallido. En cuestión de días volvieron a forzar otro Pleno pero esta vez proponiendo a Tolosa y a María Luisa Segoviano.

Se trata de una magistrada de corte progresista y pionera en el Supremo por haber sido la primera mujer en ocupar la presidencia de una Sala en sus más de dos siglos de historia. El presidente interino Rafael Mozo convocó Pleno. Era el último cartucho de los conservadores y el resultado, sorpresivamente, fue de respaldo unánime a ambos candidatos. El bloque progresista, al comienzo del cónclave, dijo que renunciaba a la candidatura de Bandrés.

Argumentaron que actuaban así para "salvar la dignidad" del Consejo y por "responsabilidad y sentido institucional". El movimiento pilló por sorpresa a los conservadores, que aplauden la decisión de sus compañeros. "No se hubiera entendido que rechazaran la candidatura de Segoviano", rezan a este medio fuentes del bloque mayoritario. Además, las fuentes consultadas resaltan los perfiles "independientes" de Segoviano y Tolosa. "Son dos buenos nombramientos. Les caracteriza la moderación y su independencia", concluyen.

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