El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en valor este miércoles el nuevo acuerdo en materia de pensiones sellado con patronal y sindicatos "producto de la buena política" y que "contribuye a una sociedad más justa".

"Es un acuerdo destinado a perdurar", ha destacado Sánchez tras la firma de este pacto, sellado a finales de julio.

Este acuerdo recoge materias que quedaron pendientes del grueso de la reforma aprobada en 2022 y 2023 y que volvió a vincular la subida de las pensiones a la inflación.

Ahora se acuerda mejorar los incentivos para demorar la edad de jubilación, así como hacerlos compatibles con la jubilación activa, la que permite seguir trabajando más allá de la edad de jubilación y cobrar una parte o toda la pensión.

También se regula el marco para la firma de convenios de colaboración entre comunidades autónomas y las mutuas para que puedan colaborar con los servicios públicos de salud en la realización de pruebas diagnósticas en patologías de origen traumatológico.

Y se establece un nuevo procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades con elevados índices de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad.

Sin apoyos

A la firma del acuerdo en La Moncloa han asistido los presidentes de la CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, así como los secretarios de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

También ha estado presente la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Sin embargo, tanto los socios del Gobierno como el PP han declarado que no van a apoyar esta última parte de la reforma de las pensiones.

Sordo y Álvarez han advertido más tarde en unas jornadas en la sede de UGT de que si no sale adelante la reforma decaerán los contratos de relevo en enero, lo que será especialmente perjudicial para comunidades industrializadas.

"Esto no va de narrativas políticas, de cuitas de los partidos, sino de cosas muy serias como le jubilación mejorada", ha dicho Sordo, que ha declarado que los sindicatos también hablan con los grupos, pero que la responsabilidad de negociar y lograr estos acuerdos políticos no es suya sino "del Gobierno".

"España no puede ser rehén de las diferencias políticas. El Parlamento no puede secuestrar los derechos de los trabajadores", ha insistido Álvarez.

Movilizaciones contra CEOE

Por otra parte, UGT y CCOO se movilizarán el próximo día 26 de septiembre en todas las capitales de provincias españolas ante el bloqueo de CEOE y Cepyme en las mesas de negociación para reducir la jornada de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial.

"La actitud de CEOE sigue siendo la de negar que España necesite una reducción legal del tiempo de trabajo. Es una tomadura de pelo al marco del dialogo social", ha asegurado Sordo.

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