El Gobierno está dispuesto a aumentar "una o dos décimas de PIB" -3.000 millones más- el techo de gasto de las comunidades autónomas previsto en el proyecto de ley que se vio obligado a retirar del Parlamento en septiembre por falta de apoyo de Junts per Catalunya, para facilitar que los de Carles Puigdemont aprueben, primero, la llamada senda de déficit pactada con la UE cuando sea llevada de nuevo al Congreso, y después el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2025, confirman a Vozpópuli diversas fuentes del Ejecitivo PSOE/Sumar. Subir esas dos décimas situará en un 0,3% del PIB el aumento de déficit para los territorios; aunque no es el 0,8% que pedían los ex convergentes, parecen dispuestos a un principio de acuerdo.

Si eso ocurre, si el llamado paquete presupuestario sale adelante en las Cortes antes de primavera, algo que Junts no confirma pese al optimismo gubernamental, Pedro Sánchez dará un paso de gigante para cumplir su objetivo de agotar la legislatura hasta 2027, algo en lo que coincide con el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, que este viernes reveló que su partido y el Gobierno llevan "dos o tres semanas" negociando los presupuestos -ellos ya apoyaron en septiembre la senda de déficit-.

Gobiernos del PP apoyan en privado

"Habrá mucho ruido con el caso Ábalos, con lo del fiscal general, los correos del novio de Ayuso y todo eso, pero, no nos engañemos, tener presupuesto estabiliza la legislatura y eso lo saben Feijóo y el PP", señala a este periòdico un alto cargo del Ejecutivo socialista, que añade: "algún consejero de Hacienda de gobierno autonómico popular nos ha reconocido que, con la parte proporcional que le toca de esos 3.000 millones más -a sumar a los 12.000 consignados en el proyecto que fue retirado de las Cortes- le arreglamos su presupuesto".

Desde que en septiembre el Ejecutivo dio marcha atrás un minuto antes de la votación para evitar otra imagen de derrota parlamentaria, las negociaciones de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con Junts y el resto de grupos han continuado discretamente a fin de no interferir en los procesos congresuales de esa formación, de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e incluso el del propio PSOE, donde la financiación autonómica es un asunto muy espinoso desde que el PSC firmó con los republicanos el acuerdo de investidura de Salvador Illa, que incluye un cupo catalán de recaudación total como el vigente en País Vasco y Navarra desde hace 45 años.

Solventados los congresos de Junts y del PSOE, la única incógnita que queda abierta es si finalmente volverá a tomar el control de ERC Oriol Junqueras, el más partidario de pasar página del procès, y a qué precio; que su elección tenga que refrendarse en una segunda vuelta entre los más de 8.000 militantes ha enviado una señal al exterior de que, aunque Junqueras pacte, "va a ponerlo muy caro", admiten en el PSOE

Solventados el congreso de Junts con una victoria aplastante de Puigdemont y el pasado fin de semana el del PSOE, con un control férreo de la estructura por parte del presidente del Gobierno y sin apenas polémica sobre la financiación, la principal incógnita política para despejar el camino a los Presupuestos es si finalmente volverá a tomar el control de ERC Oriol Junqueras, ganador de la primera vuelta de las primarias republicanas y el más firme partidario de los tres candidatos de pasar página del procès independentista. Y la pregunta que se formulan muchos en La Moncloa y en Ferraz es: ¿A qué precio?.

Porque el hecho de que sea necesaria una segunda vuelta entre él y Xavier Godás, al no haber alcanzado Junqueras la mayoría absoluta en la primera, envía una señal de que, aunque recupere finalmente el liderazgo de ERC "va a poner caro" pactar tanto con Illa los presupuestos de la Generalitat de Cataluña como con Sánchez los Presupuestos Generales del Estado 2025; no en vano, el terreno de juego en el que se están moviendo ambos candidatos republicanos para atraerse los votos de los 800 militantes de la corriente Foc Nou, una vez de descartada en primera vuelta su candidata, Helena Solá, es el de a ver quien de los dos resulta más antisocialista a los ojos de los 8.000 militantes de ERC.

A este respecto, Oriol Junqueras, a quien se presupone una mayor proximidad a Illa, se comprometió este viernes a que, si los militantes le otorgan la confianza, va a exigir al PSC y al PSOE que cumplan lo pactado tanto para la investidura del hoy presidente de la Generalitat como la de Pedro Sánchez hace ya más de un año: que el Gobierno condone el 20% de la deuda total pendiente de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) -unos 15.000 millones de euros- y que las Cortes aprueben un cupo catalán como el Vasco y navarro. Lo primero es factible y lo apoyan hasta las autonomías del PP, pero el cupo catalán es imposible sin abrir una guerra de financiación con el resto de España.

El cambio de postura del PSOE, su determinaciòn de subir hasta dos décimas de PIB el 'techo de gasto' de las autonomías, del 0,1% previsto en el proyecto retirado en septiembre al 0,3%, tiene que ver con dos factores: el alza de las previsiones de crecimiento de la economía en 2025 y la contención que presupone a los socios parlamentarios por el coste de la tragedia en Valencia a la hora de pedir ellos más dinero para sus territorios.

Desde el PSOE se cree que todo obedece a la dialéctica congresual de ERC y no le dan excesiva importancia, pero Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y su Ejecutivo de coalición cruzan los dedos a esta hora para que no se desate una nueva carrera entre ERC y Junts por ver quien saca más de la nueva negociación presupuestaria que se va a abrir. Una carrera que, muy probablemente, haría descarrilar otra vez la aprobación de la senda de déficit, condición sine qua non para que España tenga presupuestos en 2025. La propia Díaz ha enviado una señal a Sánchez de que tener unas cuentas públicas después de dos años es clave porque "gobernar no es resistir"; es decir, sin presupuestos no hay legislatura y habría que acudir a las urnas en 2025.

Una de las fuentes consultadas por Vozpópuli explica que el cambio de postura del PSOE, su determinaciòn de subir hasta dos décimas el techo de gasto de las autonomías, del 0,1% del PIB previsto en septiembre al 0,3% ahora, por lo cual las comunidades podrán gastar no 12.000 sino 15.000 millones el año próximo (+3.000), tiene que ver con dos factores sobrevenidos en estos dos meses: el alza de la previsión de crecimiento de la economía española en 2025 y la contención que presuponen los socialistas a sus socios parlamentarios tras la tragedia de la DANA en Valencia a la hora de pedir ellos más dinero para sus territorios.

Hay que tener en cuenta que cuando Junts tumbó la senda de déficit en septiembre porque le parecía muy rácano que el Estado se reservara para sí la práctica totalidad de un déficit máximo del 2,5% del PIB y se dejará solo un 0,1% mñas a las comunidades, no había ocurrido el desastre más grande en las últimas décadas: 230 muertos, cientos de miles de personas sin casa, sin coche y sin trabajo, y hasta 4.500 empresas -el 20% del PIB valenciano- arrasadas.

3.000 millones más en clave de "igualdad"

Semanas atrás el gobernador del Banco de España, José Luís Escriva, señaló en el Congreso que la DANA tendrá un coste para los españoles de 0,2% del PIB, justo los 3.000 millones que está dispuesto ahora a permitir gastar a las autonomías, pero otras fuentes del ámbito económico creen que finalmente el impacto será mucho mayor para toda la economía española. Aunque los socios parlamentarios insistan en que las indemnizaciones y ayudan a Valencia van por otro cauce, vía créditos extraordinarios aprobados en decreto ley que no computan como el déficit de gasto ordinario dentro del pacto fiscal de UE, al final también influye.

Las fuentes socialistas consultadas insisten en que el reparto de ese esfuerzo fiscal de 3.000 millones más va a hacerse con criterios igualitarios "para todas las comunidades" y no en función de la aportación al PIB de cada una de ellas, como exigen los de Carles Puigdemont. Aceptar este criterio de ordinalidad que quiere Junts -también ERC- contribuiría a perpetuar las desigualdades en la medida en que siempre Madrid (aporta el 20,5% del PIB total), Cataluña (19,4), Andalucía (13), y Comunidad Valenciana (9,3%) recibirán más porque siempre van a copar los cuatro primeros puestos del ranking PIB de entre las autonomías del denominado régimen común; todas excepto País Vasco y Navarra.

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