Es ‘vox pópuli’ en las comunidades autónomas que la infraestructura de compras del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) está infradotada y carece de experiencia para una amenaza sin precedentes, como la pandemia de coronavirus. A pesar de los problemas que tuvo para la adquisición de material sanitario en la primera ola, donde además el mercado vivía una auténtica guerra de suministros, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, apostó por el lanzamiento de una ‘megacompra’ centralizada de material sanitario bajo el liderazgo del Ingesa.
Como adelantó este diario, las comunidades autónomas están comprando por su cuenta el material para proteger a sus sanitarios pese a que el Ministerio de Sanidad cerró a principios de diciembre la selección de proveedores para un suministro valorado en 2.500 millones de euros. Vozpópuli ha podido saber por fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que uno de los factores que entorpece el uso de este catálogo es que “el Ministerio de Sanidad no han enviado las especificaciones técnicas de los productos ofertados”.
“Solo venía el nombre del fabricante y el precio”. Este contratiempo ha obligado a Madrid “contactar con las casas de fabricantes, ya que necesitamos conocer estas especificaciones antes de llevar a cabo cualquier compra”.
No obstante, desde la capital señalan que hasta el momento han funcionado “sin este acuerdo marco, haciendo uso de nuestra central de compras y de los contratos que ya hemos firmado con proveedores. Tenemos stock para en torno a 75 días”.
Un proyecto que no termina de arrancar
En los últimos coletazos de la primera ola de coronavirus, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció la puesta en marcha de un ‘megacontrato’ para adquirir material sanitario frente a la pandemia de covid. La vacuna ya ha llegado a Europa y los frutos de esta ‘megacompra’ están por ver.
El primer borrador con la licitación de los lotes fue suspendido en julio, según Sanidad porque había comunidades autónomas que habían pedido incorporarse. No obstante, este primer borrador no estuvo exento de polémica. Las pequeñas y medianas empresas protestaron porque la solvencia económica exigida para participar en la adquisición de los lotes las excluía. En concreto, se les pedía facturar al menos la cantidad del lote que pretendían conseguir. Este factor se corrigió en el segundo borrador.
El 30 de noviembre, el equipo que dirige Salvador Illa cerró el listado de proveedores para el suministro de 2.578 millones para casi 3.700 millones de unidades de productos. El proyecto ya iba con retraso, pues se esperaba que estuviera listo para la segunda ola.
A esto hay que sumar que una vez cerrada la lista de proveedores, Sanidad tuvo que modificar la mitad del contrato. En concreto, se detectaron errores materiales en la resolución de adjudicación de los lotes 5, 6, 7, 8 y 9 del acuerdo marco. Todos estos retrasos han llevado a las comunidades autónomas a seguir utilizando sus propios contratos para proveer de EPI y material de protección a sus sanitarios.
