Siete meses después de las elecciones a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) en las que perdió la candidatura favorita del independentismo, la guerra por el control de la corporación profesional vuelve a reactivarse. Esta vez, con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la inmersión lingüística y con Canet de Mar como telón de fondo.
La negativa del Gobierno catalán a acatar la resolución -avalada recientemente por el Tribunal Supremo- y garantizar de esta forma la enseñanza de un mínimo del 25% de las clases en castellano llevó a la Sección de Derecho Constitucional del ICAB a emitir un comunicado manifestando su "preocupación" ante la reacción del presidente de la Generalitat y su consejero de Educación con respecto al dictamen y Canet de Mar.
"La actitud adoptada por las autoridades de la Generalitat", aseguran, "es de extrema gravedad y atenta de modo frontal contra el principio del Estado de Derecho reconocido en el artículo 1 de la Constitución". Y añaden que estos hechos afectan también "a algo tan fundamental en una democracia avanzada como la nuestra como es el garantizar la protección integral de los menores contra toda forma de violencia y de victimización secundaria, principios estos consagrados por nuestro ordenamiento con rango de Ley Orgánica".
El texto dejaba claro que, de acuerdo al artículo 87.7 de los estatutos colegiales, las comunicaciones de las comisiones de personas colegiadas no se pueden atribuir a la corporación. "La voz oficial del Colegio se manifiesta a través de su Junta de Gobierno", enfatizaron en el escrito.
Los abogados de Puigdemont
No obstante, algunos colegiados identificados con el independentismo como es el caso de Jaume Alonso-Cuevillas, exdecano del ICAB y exabogado de Carles Puigdemont, y el mismo Gonzalo Boye han emplazado a la cúpula del ICAB y a la decana, Maria Eugènia Gay, a pronunciarse en contra de la posición de la Sección Constitucional al considerar que su comunicado carece de "contenido jurídico" y es meramente "político". Un extremo que niegan rotundamente desde la Sección Constitucional.
Eloy Moreno, vocal de la misma y presidente del colectivo de juristas Llibertats, defiende en Vozpópuli que se trata de un comunicado "jurídico" y de carácter "pedagógico" sobre cómo funciona el estado de derecho: "Cualquier jurista del mundo suscribiría que en un estado de derecho las sentencias deben ser acatadas".
Además, Moreno reconoce una "pugna" por el control del Colegio de Abogados de Barcelona y recalca que "el independentismo sabe perfectamente que una sección puede emitir un comunicado independientemente de la Junta de Gobierno del ICAB". "Tratan de vincular a la decana con iniciativas con las que no tiene que ver para erosionar a la Junta", sostiene.
Las tensas elecciones de junio
La presión de Alonso-Cuevillas sobre Gay es entendida por varias fuentes del ICAB como un intento de poner "entre la espada y la pared" a la cúpula del colegio "porque Gay fue precisamente la candidatura vencedora en las elecciones que tuvieron lugar este verano".
"La decana representaba la continuidad y se presentaba para ser reelegida. Lo hacía en aras de la neutralidad. Sin embargo, hubo otras dos candidaturas. Una de ellas, la encabezada por Gonçal Oliveros, se presentaba como lista alternativa y era la que representaba a una minoría de independentistas", apuntan las mismas. Y añaden que se vivieron "muchos momentos de tensión" durante el proceso.
La Junta, sin pronunciarse sobre Canet
"La Junta actual garantiza ese principio de neutralidad y este es el motivo por el que evitan pronunciarse. Incluso en un caso como el de Canet. No hay que olvidar que Alonso-Cuevillas, quien está presionando a este órgano para que se pronuncie contra la Sección Constitucional, ocupa un cargo como diputado en el Parlament con Junts per Catalunya", añaden.
La queja de los abogados de Puigdemont contra la citada sección del colegio, que se ha posicionado a favor del cumplimiento de la sentencia del TSJC sobre el 25% de clases en español y en contra del acoso sufrido por la familia de Canet de Mar, está secundada por 218 colegiados de un total de 25.000. Es decir, por menos del 1% de los miembros del ICAB. Estos muestran su "profundo rechazo a un comunicado estrictamente político alineado con las tesis ultranacionalistas españolas que tanto han ayudado a vaciar de contenido las palabras "Constitución" y "constitucionalista" que dicen defender".
Para Eloy Moreno, uno de los promotores del comunicado de la Sección Constitucional, el manifiesto de estos letrados es "un triste panfleto político carente de rigor jurídico".
Campaña en Change.org
En este contexto, otros miembros del mismo colegio han lanzado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para que abogados de toda España manifiesten su apoyo a la Sección Constitucional.
"Ante la campaña de acoso al ICAB promovida por sectores del independentismo radical, entre los que se encuentra un grupo minoritario de abogados, la mayoría de los abogados de Barcelona, de Cataluña y del resto de España queremos mostrar nuestro más firme apoyo y solidaridad con el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, su Sección de Derecho Constitucional y los compañeros que han sido señalados públicamente por esos radicales", recoge la iniciativa que busca acaparar mil firmas.
La sentencia del TSJC que avala a la familia de Canet de Mar y a otras tantas en Cataluña y que ha despertado las críticas de los defensores de la inmersión lingüística en catalán también ocupó gran parte del discurso de Navidad de Aragonés. El presidente de la Generalitat de Cataluña prometió potenciar las escuelas como "núcleo de la nación catalana".
