El Ejecutivo de Rajoy -bajo el auspicio de Bruselas- sigue dispuesto a implementar reformas estructurales en 2013 para la mejora de la competitividad y la creación de empleo. Una de las de mayor calado es el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, cuyo borrador se daba a conocer esta misma semana, desatando todo tipo de reacciones entre los implicados.
La reforma, que afecta entre otros a arquitectos, abogados y farmacéuticos, dice ser "necesaria para mejorar la competitividad de un sector que supone cerca del 30% del empleo universitario".
El objetivo es acabar con una "regulación excesiva, obsoleta (con normas preconstitucionales) y conflictiva entre los profesionales", para lo cual, se establece un nuevo mapa de obligaciones de colegiación y se simplifican las reservas de actividad existentes.
Estos cambios no afectan por igual a cada colectivo, siendo la misma norma, beneficiosa para unos y perjudicial para otros.
Principales cambios de la ley
En el caso de los ingenieros, la colegiación será obligatoria para la firma de proyectos y la dirección de obras, sin embargo, se suprimirán las restricciones horizontales entre ingenieros e ingenieros técnicos, es decir, el principio de reserva única.
Los arquitectos deberán colegiarse para firmar proyectos y dirección de obras. Además, se suprime su reserva exclusiva para la construcción de edificios residenciales, docentes y religiosos, para incluir también a ingenieros con competencias en edificación.
Ingenieros y arquitectos se igualan y podrán construir edificios residenciales, docentes y religiosos
Del mismo modo, se suprime la reserva exclusiva de la dirección de ejecución de obra de los arquitectos técnicos. Ahora, esta tarea podrá recaer en un arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, sin importar el tipo de edificación.
En cuanto a las profesiones jurídicas, se suprime la incompatibilidad entre el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador. Así, los abogados no tendrán que colegiarse como procuradores para poder ejercer esa profesión y se suprime también la exigencia de examen de Estado habilitante.
Por último, se suprime la reserva exclusiva de los farmacéuticos sobre la propiedad y titularidad de la farmacias, abriendo la puerta a que las grandes multinacionales del sector regenten estos establecimientos. Si bien, para velar por la protección de la salud pública, la dirección se reserva para un licenciado en farmacia.
El borrador deja en el aire si esta liberalización de la propiedad implica también una liberalización del número de farmacias, que es la aspiración histórica de los licenciados no propietarios.
Reacciones de los distintos gremios
Donde más resistencia ha encontrado el ATL de Servicios Profesionales ha sido entre los arquitectos, principales afectados de la pérdida de reserva de actividad. Así, el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España denuncia "la más grave agresión sufrida hasta la fecha", que conlleva "la práctica desaparición de la profesión de arquitecto".
Según el CSCAE, "la confusión entre la Arquitectura y otras profesiones puede provocar una concentración de la actividad de las oficinas técnicas contraria a la deseable competencia en el sector", y promete recurrir a todos los mecanismos a su alcance para modificarlo. "La ministra de Fomento apoya nuestra causa".
"¿Qué pasará con aquellos procuradores de más de 40 años que no son abogados? Se quedan en el paro"
Por otra parte, la difícil situación en que deja la nueva norma a los procuradores ha provocado también reacciones en la Plataforma para la defensa del procurador. Su secretario, Enrique Herrera, ha comentado a Vozpópuli que lo único positivo del ATL es la mayor transparencia de los colegios profesionales y que no será obligatorio colegiarse si no se actua frente a jueces y tribunales.
Su miedo es que el papel del procurador desaparezca para beneficio de grandes bufetes que puedan dedicarse en exclusiva.
"Muchos procuradores son licenciados en Derecho, y el 95% se dirigirán al colegio de abogados" -que entre otras ventajas, cobra unos 600 euros mensuales menos a sus miembros. "¿Pero qué pasará con aquellos procuradores de más de 40 años que no son abogados?", se pregunta. "Quedarán irremediablemente en paro".
Más allá del recelo con el que miran la ley los licenciados en Farmacia que no son propietarios, tampoco la distribuidora Cofares se muestra satisfecha. Su presidente, Carlos González Bosch, considera que perjudicará a las farmacias de poblaciones pequeñas y sólo beneficiará a las grandes cadenas farmacéuticas.
