El inicio del juicio en la Audiencia Nacional el próximo 24 de mayo contra los dos agentes de los Mossos d’Esquadra que ayudaron al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a salir de España ha movilizado a los sindicatos y colectivos afines al movimiento independentista.
El colectivo Mossos per la Democràcia, el sindicato SEGCAT y la Asamblea de Trabajadores en defensa de las instituciones catalanas (ADIC Interior) han firmado un manifiesto conjunto en el que acusan al juez instructor de la causa, Pablo Llarena, de tener “una actitud prevaricadora” por haber activado el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) para hacer un “seguimiento” a los dos agentes autonómicos así como al “presidente legítimo”, en referencia a Puigdemont.
Desde estos colectivos sostienen que el exmandatario catalán siempre se ha puesto a disposición de la justicia “en todos los países donde ha viajado los últimos tres años” y que "no ha cometido ningún delito".
En este sentido, critican que se “desvíe parte de los recursos del CITCO” en una situación de alerta terrorista de 4 sobre 5 en la Unión Europea. “[Llarena] hizo un uso y un abuso de las herramientas del Estado para la búsqueda de pruebas inexistentes”, apostillan.
Depuración ideológica
Tampoco tienen reservas en pedir la purga de los jefes de los Mossos por la, a su juicio, “connivencia” en la elaboración de “atestados con finalidad poco claras”: “Es el momento de que esta gente sea depurada por deslealtad al Cuerpo de los Mossos de Esquadra y al Pueblo de Cataluña”.
Además de citar a los dos agentes del cuerpo al que la Fiscalía pide tres años de prisión e inhabilitación de funciones por un delito de encubrimiento, también muestran su apoyo a Josep Lluís Alay, el acompañante de Puigdemont en su fuga a Bélgica aunque el juez Manuel García Castellón le desimputó junto al empresario y senador de JxCat, Josep María Matamala.
Creen que la investigación sobre sus actuaciones en relación a la marcha del ‘expresident’ forma parte de una “guerra sucia del Estado profundo contra el independentismo”.
Apoyo institucional
Finalmente, exigen al Departamento de Interior y a la Jefatura del cuerpo autonómico que “intensifiquen” el “apoyo institucional” hacia los dos agentes imputados por haber colaborado en la marcha de Puigdemont de territorio español.
En este sentido, instan a que cualquier “acompañamiento” del expresidente de la Generalitat “sea considerado un honor y un acto de lealtad con el país y con el Cuerpo”.
Charies
Como pueden permitir tener tanto descerebrado en la policia autonómica de Cataluña? Bien dice VOX que hay que eliminar las autonomías y borrar de un plumazo todos esos organismos cómplices de politicos corruptos y al servicio de golpistas-
José
Vosotros, con vuestra actitud, ensuciáis el uniforme que vestís. Dejad en paz a los jueces y asumid vuestra deslealtad a la Constitución, la que jurasteis o prometisteis.
JBR
esto solo pasa en ESPAÑA ,donde se ha visto lo que esta pasando en Cataluña con la policia autonomica (los independentistas)que insulta todos los dias al resto de los diferentes y encima apoyados por el Govern, que por cierto otra cosa insolita no sabia que se podia formar un Govern en una prision con los delicuentes golpistas menos mal que España es represora ,gracias al gobierno central de todos los españoles pasan estas anormalidades ,supongo que se tendra que reflexionar lo que esta pasando el las proximas elecciones generales si llegamos
Pablo Pérez Pérez
Y por supuesto que se ha de proceder a una depuración "ideológica" de aquellos agentes que, en el ejercicio de sus funciones, vulneran gravemente el deber de neutralidad política e ideológica, básico en una democracia. Y también de los que, fuera del ejercicio de sus funciones, apoyan la subversión del orden constitucional, ya no digamos si se pretende atentar contra la integridad territorial de la nación; ya que invalida el necesario juramento o promesa respecto a la CE vigente. A ver, mamarrachos: los delitos de sedición y de rebelión SIEMPRE tiene finalidad política, lo cual no convierte a sus autores en "presos políticos".
Pablo Pérez Pérez
Es inaudito que se permita esta apología de la subversión del orden constitucional en miembros de un cuerpo de funcionarios armado. Son traidores a su país, que es España, les guste o no. Nadie los obliga a ser policías autonómicos ¿Cómo no va a ser delito, tarados, intentar subvertir el orden constitucional de un país? Pero si los propios implicados reconocen que es lo que querían hacer. Y los juececillos prevaricadores extranjeros que no tienen esto claro, no merecen ser jueces. Si en España hubiese un gobierno nacional digno de tal nombre, estos disparates no se habrían consentido. Para empezar, ni el propio butifarréndum, y muchos golpistas estarían en la trena por años.