En las últimas semanas, dos jóvenes españoles, un chico y una chica, han saltado a los titulares de los medios de comunicación por sus logros profesionales. Ella ha encontrado trabajo. Él ha sido elegido como el mejor joven del año en Europa en su campo. Ella es una periodista licenciada el año pasado. Él es un físico que ha desarrollado parte de su investigación en el acelerador de partículas LHC de Ginebra. Uno de ellos cobra al año por su trabajo unos 50.000 euros más dietas. El otro optaba a un programa en el que, según los datos de la Secretaría de Estado de I+D+I, ganaría unos 33.000 euros anuales, pero no lo ha conseguido ya que las plazas han sido otorgadas a gente con más experiencia.
Los nombres que se esconden tras estas descripciones son Diego Martínez Santos y Verónica Hernández y los motivos de su presencia en los periódicos son bien distintos. Él ha llegado hasta la pluma de los periodistas porque el mismo día que recibió el premio europeo se le notificó que quedaba excluido del programa Ramón y Cajal para recuperar cerebros españoles en el extranjero. Ella ha visto como sus fotografías en el certamen de Miss Baleares acompañaban a la noticia sobre su incorporación como cargo de confianza al equipo de José Ramón Bauzá, presidente de las Islas Baleares. Hernández será la que gane los 50.000 euros más dietas. Martínez, como decenas o centenares de científicos como él, se ve obligado a eso que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, llama “movilidad exterior”, es decir, buscar en el extranjero una salida profesional que su país, sumido en una crisis económica brutal, no le ofrece.
El caso de Martínez es solo un ejemplo más de la fuga de cerebros que se ha producido en España desde que comenzó una crisis que ha llevado aparejados recortes en investigación y desarrollo. Unos recortes que, por ahora, no parecen haber sufrido los sueldos de los asesores colocados a dedo en las diferentes administraciones públicas.
213 asesores en Madrid
Otro ejemplo de cargo de confianza cuyo puesto y sueldo han acabado en la prensa es el de Ángel Carromero, actualmente asesor del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, trabajo en el que gana unos 50.000 euros al año. Carromero, uno más de los 213 asesores que trabajan en el Consistorio madrileño, cobró relevancia pública tras ser acusado por las autoridades de Cuba de la muerte en accidente de tráfico de los disidentes Osvaldo Payá y Harold Cepero. Dicha acusación hizo que Carromero fuera juzgado en la isla tras pasar varios meses en una cárcel cubana. Durante parte de su estancia en prisión, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, le siguió pagando su sueldo al dirigente de Nuevas Generaciones del PP, licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Ávila, según aparece en su perfil de Linkedin.
Al igual que Martínez, otra científica que tuvo que hacer las maletas fue Nuria Martí, cuyo nombre ha sido recogido en los periódicos, radios y televisiones por formar parte del equipo que ha clonado por primera vez células madres embrionarias. Ahora forma parte de la Oregon Health & Science University a la que llegó en 2012 tras ser una de las 114 despedidas en el ERE del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia en noviembre de 2011. Sus compañeros que se quedaron vieron reducido su sueldo un 12% de media. Cuando Martí hacía las maletas, en la misma ciudad donde trabajaba, más de medio centenar de cargos de confianza de los grupos políticos representados en el pleno del Ayuntamiento de Valencia ganaban 4.101,77 euros brutos al mes, según los datos del año 2012 publicados por el Consistorio valenciano.
Los sueldos de asesores aquí recogidos son solo algunos ejemplos de lo que el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, debe considerar un derroche en tiempos de austeridad, a juzgar por la reforma local que pretende llevar a cabo y que no termina de ver la luz por la férrea oposición de los alcaldes. Entre los planes de Montoro está limitar el número de asesores nombrados a dedos así como los sueldos de los cargos públicos.
