La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional lamentablemente ha anulado la sentencia citada por el Juzgado Central de lo contenciosoadministrativo 3 de la Audiencia Nacional, que reconocía a AUGC y al SUP la obligación del Gobierno de cumplir con las cláusulas tercera y octava del acuerdo de equiparación salarial, de fecha 12 de marzo de 2018.
La sentencia, que va a ser recurrida ante el Tribunal Supremo, apela a una serie de argumentos, jurídicamente discutibles, para adoptar tal determinación. Sin embargo, la sentencia da un paso al reconocer que a dicho acuerdo de equiparación salarial, se llegó por parte del Ministerio del Interior, Sindicatos de Policía Nacional y Asociaciones profesionales de miembros de la Guardia Civil, "como negociación colectiva en el ámbito de la función pública".
AUGC y SUP demandaron a Interior para reclamar el cumplimiento de este acuerdo, cuyo fallo ordenó a Interior el cumplimiento íntegro del acuerdo, obligando al Ministerio a la renegociación del acuerdo de equiparación salarial publicado en el BOE en relación con las cláusulas incumplidas.
La cláusula tercera alude a destinar 100 millones de euros durante tres ejercicios económicos (en total 300 millones) para incentivar que miembros de la Segunda Actividad y Reserva optasen por reincorporarse a la prestación del servicio.
La cláusula octava recoge la aprobación de una ley para garantizar que en el futuro no se puedan producir disfunciones salariales entre los cuerpos policiales que realizan las mismas funciones.
Según los sindicatos, el Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre "si es ajustado o no a derecho incumplir cláusulas de un acuerdo pactado, fruto de la negociación colectiva, y que afecta a miles de policías y guardias civiles", y si, como sostiene AUGC y SUP, "su cumplimento es obligado, como parte de la salvaguardia de los pilares básicos del estado de Derecho".
Acuerdo de equiparación salarial
Será el Supremo quien deberá decidir "si el incumplimiento del Gobierno, capitaneado por el ministro del Interior es compatible con la seguridad jurídica y con el respeto del principio de confianza legítima que tienen y ampara a todos los ciudadanos, de que los acuerdos pactados con el Gobierno han de cumplirse".
AUGC y el SUP "no cejarán en el empeño de que los guardias civiles y los policías sean tratados como ciudadanos de pleno derecho y se les reconozca la obligatoriedad de cumplir con lo pactado". Los servicios jurídicos de ambas organizaciones están trabajando para la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
