Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales, el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales han pedido que el Gobierno informe del destino dado a los más de 306 millones de euros que ha recaudado de tasas judiciales. En un comunicado conjunto estas asociaciones analizan la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula las tasas judiciales para las personas jurídicas (como empresas, instituciones y organizaciones).
Comparten con el TC que "en un Estado social y democrático de Derecho que propugne como valores superiores la justicia y la igualdad un tributo no puede obstaculizar derechos, y es que las tasas judiciales pueden generar impunidad en especial frente a la Administración Pública, impidiendo o limitando el ejercicio de la tutela judicial efectiva de la mayoría de la población". Sin embargo comentan que el TC "concede un respiro al Gobierno en funciones y al presupuesto público, puesto que le evita devolver las cantidades ya recaudadas y por el contrario no palía los perniciosos efectos causados a los justiciables durante estos años, que o bien no han podido ejercitar sus derechos o han tenido que hacer un considerable esfuerzo".
Varias asociaciones han criticado que el TC conceda un "respiro al Gobierno en funciones"
Las citadas asociaciones estiman que "en esta situación o se modifica la Ley Orgánica del TC para admitir el control previo de inconstitucionalidad o deberá el tribunal reclamar toda su competencia para restaurar el daño ocasionado por una norma inconstitucional". En cualquier caso recuerdan que "solo en el primer año de vigencia el Estado, único recaudador de la tasa judicial pese a no ser la única administración pública implicada en la prestación del servicio público de la justicia, ingresó y no tendrá que devolver 306.091.358 euros".
Las referidas asociaciones exigen al Gobierno en funciones que "explique, cuantifique y dé suficientes justificaciones del destino que ha dado a estas recaudaciones inconstitucionales". Ello máxime cuando quien era el ministro de Justicia cuando se aprobaron las tasas, Alberto Ruiz-Gallardón, "se comprometió a mejorar la asistencia jurídica gratuita con el dinero procedente de la recaudación de las tasas", concluyen.
