El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha abogado este martes por una mayor autonomía de la Fiscalía para reforzar su imparcialidad ya que los ciudadanos ven inadmisible que esté teledirigida desde el Gobierno, ideologizada o al servicio de concepciones políticas.
Esta reivindicación supone un cambio de rumbo en el discurso mantenido hasta el momento por Torres-Dulce que sostenía que la Fiscalía era independiente y que "no está, ni ha estado ni estará" presionada por casos como el del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas o que le llevó a rechazar que el Ministerio Público diera "un trato de favor" a la infanta Cristina.
Las declaraciones de Torres-Dulce llegan después de que el pasado enero el Consejo de Europa criticara la reforma de Gallardón del CGPJ que amenaza con "politizar más la Justicia", algo "particularmente peligroso en un momento en que los casos de corrupción política van en aumento" y de que reprochara la semana pasada al ministro de Justicia no haber consultado con los fiscales la reforma de la Justicia Universal.
Torres-Dulce ha explicado que éste es uno de los planteamientos del Libro Blanco del Ministerio Fiscal, que ha presentado en un acto celebrado en la Fiscalía General, con la participación del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y la asistencia de la defensora del pueblo, Soledad Becerril.
El buen funcionamiento del Ministerio Fiscal debe ser una cuestión de Estado, ajena a intereses partidistas o sectoriales, según Torres-Dulce
A juicio de Torres-Dulce, el buen funcionamiento del Ministerio Fiscal debe ser una cuestión de Estado, ajena a intereses partidistas o sectoriales, que exige por ello un proceso de convergencia integradora y una indispensable buena disposición de los gestores políticos.
Ha insistido en que cada vez con más rotundidad la sociedad exige una justicia eficaz y reclama que quien la promueva actúe conforme a la ley de forma imparcial y desde una posición autónoma y en este sentido cree que el objetivo debe ser el de mantener al fiscal al margen de la contienda política.
Nuevos retos
El fiscal general ha reclamado un reforzamiento de la institución con "plenitud de medios" tanto personales como materiales, que "deben ser mejorados", para afrontar sus nuevos retos y ha insistido en que su autonomía es vital para la función del Ministerio Público como custodio de la ley.
Ha considerado que en el caso de que la futura ley encomiende la investigación penal al fiscal se deberán crear en cada Fiscalía unidades especializadas en las que la Policía Judicial actúe bajo la dependencia funcional y orgánica del Ministerio Público. Además, ha recordado que el fiscal ha asumido protagonismo en nuevos aspectos tan sensibles como el medioambiente, la infancia, la seguridad laboral, la lucha contra la discriminación, contra la violencia de género y la trata de seres humanos y sobre consumidores.
Alberto Ruiz-Gallardón ha explicado que la Constitución reserva al Gobierno el nombramiento del fiscal general, pero ha dicho que es el único en España en el que intervienen los tres poderes del Estado, ya que es preceptivo que se escuche la opinión del Consejo General del Poder Judicial y el candidato debe comparecer previamente a su designación ante el Congreso de los Diputados.
Torres-Dulce ha reclamado que se refuerce la institución con "plenitud de medios" tanto personales como materiales
Ha explicado que una vez que salgan adelante las "dos leyes troncales" de la justicia impulsadas por el Gobierno, la del Poder Judicial y las del Enjuiciamiento Criminal, se abordará el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para lo cual el Ejecutivo "beberá" del Libro Blanco presentado este martes.
Para el ministro la unidad de actuación de los fiscales que impregna el documento es garantía de tutela de todos los ciudadanos ante la ley. Carlos Lesmes ha mostrado su confianza en que este documento contribuirá a que la justicia sea más eficaz, transparente, entendible y reconocible como propia por los ciudadanos
Libro Blanco
El Libro Blanco incluye propuestas como que las Fuerzas de Seguridad remitan al órgano investigador no todos sus atestados sino solo en los que haya indicios sobre una persona determinada y llevar al ámbito administrativo el tratamiento de las faltas, que ahora están en el ámbito penal.
Ello porque los fiscales deben asistir a más de 325.000 juicios de faltas al año, la mitad de las cuales terminan con sentencias absolutorias, lo que es un "ingente esfuerzo" ante la "escasa entidad de estas infracciones", según indica el Libro Blanco. También propone reducir el catálogo de delitos cuyo enjuiciamiento corresponde al tribunal del jurado, fomentar la mediación y las conformidades para reducir los litigios y la formación conjunta de jueces y fiscales.
