El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha denegado hasta en siete informes distintos información sensible relativa al 'Delcygate'. Los pormenores del tránsito por España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, siguen siendo un misterio a pesar del archivo del procedimiento. El sobreseimiento de la investigación no permitirá de momento que se hagan públicos los detalles sobre el asunto, dado que se mantiene el secreto de sumario sobre las actuaciones hasta que el archivo sea firme.
Sin embargo, es precisamente el archivo del caso -desvelado por Vozpópuli- lo que abre la puerta a que la documentación relativa al encuentro de la vicepresidenta de Venezuela y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, pues la existencia de una investigación en curso ha sido el argumento esgrimido por el Consejo de Transparencia ante varias peticiones de información que ha decidido denegar por tal motivo.
La información que ha sido investigada puede esclarecer el tiempo que el dirigente socialista estuvo reunido en el avión de Delcy Rodríguez, el equipaje que acompañaba la vicepresidenta venezolana o los vídeos de lo que ocurrió la noche del pasado 20 de enero durante la escala en el aeropuerto de Barajas de un vuelo con rumbo a Turquía. Se da la circunstancia que Delcy Rodríguez tenía prohibida la entrada a la Unión Europea por "menoscabar la democracia y el estado de derecho" en su país; el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid entiende que la vicepresidenta venezolana no llegó a entrar en territorio español.
Opacidad por las garantías de la Ley de Transparencia
Este organismo público independiente alude al artículo 14 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que dispone que “el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, y la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva”.
Así ha motivado el Consejo de Transparencia su decisión de denegar la información sobre el Delcygate en su último informe al respecto, con título de expediente R/0407/2020, en el que recuerda que ha mantenido esa misma postura ante otras peticiones recientes: R/183/2020 (Ministerio del Interior), R/272/2020 (Secretaría General de Presidencia del Gobierno), R/264/2020, R/271/2020, R/307/2020 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), y R/350/2020 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación).
Transparencia ha denegado información sobre el 'Delcygate' hasta en siete informes por entender que podía suponer un "perjuicio" a la investigación judicial
Esos fueron también los razonamientos esgrimidos por el Gobierno para denegar el acceso a las imágenes en vídeo del encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas y los cuales “comparte” el Consejo de Transparencia: “Debe tenerse en cuenta que las diligencias previas abiertas forman parte de unas actuaciones en el orden jurisdiccional penal, por lo que, deben quedar reforzados los derechos derivados del derecho a tutela judicial efectiva garantizados en el artículo 24 de la Constitución Española, y en particular los derechos de defensa y de presunción de inocencia”.
“En este caso, es público y notorio, que facilitar la información podría ocasionar, de hacerse pública, un juicio mediático paralelo previo a la decisión judicial sobre el caso que podría causar un grave perjuicio a una de las partes y dificultar su defensa”, expone Transparencia sin entrar al fondo del asunto y sin avanzar cuál sería su dictamen en el caso de un archivo de las actuaciones, pues entiende que “este perjuicio podría incluso extenderse más allá de un fallo exculpatorio”.
Aunque el Consejo de Transparencia no ha avanzado cuál será su posición ante el archivo definitivo del caso, ha avisado de que “podría incluso extenderse más allá de un fallo exculpatorio”
Preguntado al respecto por este diario, el Consejo de Transparencia ha rehusado hacer declaraciones o valorar cuál será su postura ante el archivo de las actuaciones por parte del Tribunal Supremo y también del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid en un auto que Vox -como acusación popular- ha decidido recurrir y sobre el que tendrá la última palabra la Audiencia Provincial de Madrid.
