España continúa estancada en alrededor del puesto número 30 del índice de percepción de la corrupción de 2012 que ha elaborado la organización Transparencia Internacional, que sitúa a nuestro país en el mismo puesto que Botsuana y por detrás de la mayoría de países de la antigua UE de los 15, según recoge Europa Press.
Según este estudio, que establece cuáles son los países más y menos corruptos del mundo teniendo en cuenta la percepción de su población, España obtiene una nota de 6,5 en lo que se refiere a transparencia, sólo tres décimas por encima de la obtenida el año pasado y cuatro más que en 2010 y 2009. Sin embargo, son seis décimas menos de la puntuación que sacaba España en años anteriores, como en 2004, cuando obtuvo una nota de notable (7,1).
En la presentación del informe, el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, ha alertado de que nuestro país sigue "atascado" en lo que a la percepción de la corrupción se refiere, un asunto en los que "no avanza" porque hay "bastante que mejorar".
Es más, el catedrático Manuel Villoria, miembro de Transparencia Internacional España, ha identificado la corrupción en nuestro país como un "problema cultural", ya que considera que a los políticos "les cuesta mucho asumir la idea de tener más transparencia".
Según ha explicado, "de puertas para fuera" los políticos hablan de mejorar los niveles de transparencia de las instituciones, pero "de puertas para adentro la cosa cambia". A su juicio, es un problema que debe abordarse desde las primeras etapas de la educación hasta la formación de funcionarios en valores éticos.
Transparencia como derecho fundamental
Pero además, el director general de la Fundación Ortega-Marañón, Jesús Sánchez Lambás, ha subrayado que el combate de la corrupción se tiene que llevar a cabo "desde una perspectiva internacional", incorporando la transparencia al listado de derechos fundamentales.
Así pues, en el caso de España el patrono vitalicio de la Fundación, Antonio Garrigues, ha dicho que la corrupción es un "problema que se puede afrontar", pero que la "única manera" es "establecer la transparencia como una obligación absoluta de las instituciones y como un derecho absoluto de los ciudadanos".
En este sentido, ha valorado la futura aprobación de la Ley de Transparencia, con la que cree posible que en España aumenten los índices de transparencia y, por tanto, ganar en "buena gestión" y "calidad democrática", elementos con los que hacer frente a la corrupción.
Por eso, ha instado a aprobar la ley "cuanto antes" aunque se trate de una norma "incompleta, incluso con imperfecciones", ya que ha recordado que España es el único país de la Europa occidental que carece de una ley de estas características.
Tomar ejemplo de Dinamarca o Finlandia
La puesta en marcha de esta norma es una de las recomendaciones que ha trasladado Transparencia Internacional para bajar los niveles de percepción de la corrupción en las administraciones españolas, a las que también aconseja que se miren en los países con mayor nivel de transparencia, como Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda o Suecia, que se sitúan en los primeros puestos de la lista de más de 170 países que ha elaborado la organización.
Pero además, el presidente de la organización considera que los ciudadanos también tienen que poner de su parte "tomando conciencia de lo que pueden pedir y pueden ser informados". También ve necesaria la existencia de "un órgano que sancionase" a las instituciones que no cumplieran con las normas de transparencia.
Sobre la próxima publicación en Internet de la información sobre la actividad internacional de los diputados del Congreso sin ofrecer datos sobre el coste de esos viajes, Sánchez Lambás ha calificado la decisión de "poco inteligente" porque "todo lo que no sea transparencia", exceptuando los casos en los que existen causas justificadas, "favorece la corrupción".
