El Tribunal Constitucional mantendrá su actual mayoría conservadora al menos hasta 2022. Será entonces cuando al Gobierno le toque nombrar a dos jueces de forma directa y tendrá en su mano alterar el equilibrio dentro del tribunal sin ataduras. Ese es el horizonte de cambio más cercano teniendo en cuenta que PP y PSOE ya habían pactado respetar la composición de siete conservadores frente a cinco progresistas en la renovación de la Justicia, que incluye el Consejo General del Poder Judicial.
Fuentes al tanto de las negociaciones apuntan a que tanto el PP como el PSOE se sienten cómodos con este escenario. Los populares se contentarían con mantener la mayoría conservadora dos años más pese a su debilidad parlamentaria. Mientras, el PSOE aguardaría su momento consciente de que no se espera que el Tribunal Constitucional adopte ninguna decisión de calado en un corto medio plazo.
Los doce jueces que integran el TC no se renuevan todos a la vez, sino en bloques de cuatro magistrados con una separación de tres años cada uno. Al menos eso es lo que dicta la ley, pero la falta de acuerdo entre los dos principales partidos ha hecho que no siempre se cumpla. Es el caso del bloque de cuatro jueces nombrados a propuesta del Congreso, que tenían que haber sido renovados en noviembre.
Ese es uno de los puntos que estaba encima de la mesa de las negociaciones discretas a cargo del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el máximo responsable del área jurídica del PP, Enrique López. Fuentes al tanto de las conversaciones informan a Vozpópuli de que los socialistas habían aceptado repartirse dos jueces para cada bloque por lo que todo seguiría igual. La intención inicial era aplicar un reparto 3-1 a favor de los progresistas que equilibrase la balanza .
Para sacarlo adelante necesitan el apoyo de tres quintos del Congreso, es decir, 210 diputados. PP y PSOE suman 208 por lo que necesitarían dos escaños más. La ya exportavoz parlamentaria del PP Cayetana Álvarez de Toledo alegó que una de las razones de su marcha era su oposición a esta renovación pactada de la Justicia, que ha contado con el impulso del líder de su partido, Pablo Casado.
El acuerdo se encontraba ya en una fase avanzada tal y como informan fuentes jurídicas a este periódico. El propio Consejo del Poder Judicial decidió a finales de julio aplazar el nombramiento de cinco plazas de jueces -tres de ellas para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo- ante la inminencia de un acuerdo. Pero ahora el máximo órgano de gobierno de los jueces no descarta retomar estos nombramientos si el acuerdo no se materializa. “Esas plazas hay que cubrirlas”, indican desde el Consejo.
Tras su cese, defendió ante los medios la necesidad de una Justicia "fuerte e independiente" como "último dique de contención" frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el separatismo. El Tribunal Constitucional tiene que resolver en los próximos años recursos de calado como el de la sentencia del procés o la aplicación del Estado de alarma durante la pandemia. Además la renovación del CGPJ incluye elegir un presidente que al mismo tiempo preside el Supremo.
Tanto Campos como López, los principales negociadores, escucharon las palabras de Álvarez de Toledo desde sus vacaciones. En el calendario está fijada la apertura del año judicial el 7 de septiembre, pero en las altas esferas judicial no creen que vaya a dar tiempo a llegar a esa fecha con los órganos renovados.
Renovación ligada a la del CGPJ
Otra fuente consultada apunta a que la renovación del Tribunal Constitucional va ligada a la del CGPJ porque algunos de los integrantes del Consejo podrían ocupar una de las cuatro plazas nuevas del TC. Entre los nombres que suena con más fuerza es el de Carlos Lesmes, actual presidente. “Si no hay 20 jueces moviéndose estas semanas en el Tribunal Supremo no hay ninguno”, dice otro juez que figura en las quinielas. Una de esas cuatro plazas a renovar es la del juez Fernando Valdés, elegido a propuesta del PSOE. Podría ver precipitada su salida tras su arresto por un delito de violencia de género.
En julio de 2022 habrán cumplido su mandato de nueve años los dos jueces elegidos en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy. Se trata de Antonio Narváez y Pedro González Trevijano. Entonces será el turno del Gobierno que en ese momento esté en el poder. De seguir Pedro Sánchez, los socialistas tendrán la oportunidad de invertir el tablero. Pasaría a ser de siete progresistas y cinco conservadores con el puesto de presidente en juego. Actualmente es González Rivas, uno de los cuatro salientes.
En esa partida emerge con fuerza Cándido Conde Pumpido, en su día fiscal general del Estado y hombre de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero. Todas las fuentes consultadas dan por hecho que optará a presidir del Tribunal Constitucional.
