El Gobierno del PP quiere reforzar el carácter ejecutivo de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional ante el difícil escenario político en Cataluña y las próximas elecciones autonómicas del 27-S. Ésta es la idea de fondo que ha movido al Ejecutivo a presentar una proposición de ley este martes en el Congreso donde se "dota al tribunal de un haz de potestades para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones".
La proposición de ley, a través de la que se pretende modificar por la vía de urgencia la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), atribuye el carácter de título ejecutivo a las resoluciones del guardián de la Constitución y añade que el tribunal de garantías podrá "recabar el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos para garantizar la efectividad de sus resoluciones".
Además, dicha modificación legal prevé que el Constitucional pueda sancionar a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan sus resoluciones, e incluye la posibilidad de suspenderlos en sus funciones y multas que oscilan entre los 3.000 y los 30.000 euros.
Vozpópuli ha recabado el dictamen de cuatro catedráticos de Derecho Constitucional sobre la reforma que el Partido Popular pretende llevar a cabo en la LOTC. Sus opiniones son dispares.
"No es inconstitucional"
Para Jorge de Esteban, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, la reforma planteada "no es inconstitucional" pese a que "es raro" que se vaya a dotar de una función sancionadora al tribunal de garantías. No obstante, De Esteban sostiene que los distintos tribunales constitucionales europeos no tienen un "modelo único" siendo lo común entre todos ellos su interpretación de las distintas constituciones y la vigilancia de que las leyes se ajusten a las mismas.
Este experto añade que el Título I de la LOTC, donde se resumen las competencias del alto tribunal, se recoge que junto con las cuestiones de competencia, recursos de amparo y recursos de insconstitucionalidad, éste "conocerá de las demás materias que le atribuyen la Constitución y las Leyes orgánicas". Para Jorge de Esteban lo más grave que puede ocurrir es que esta reforma se apruebe sin alcanzar "al menos un acuerdo con el principal partido de la oposición", es decir, con el PSOE. El catedrático reconoce que se está haciendo por la vía de urgencia, y "con muchas prisas", ante la "posibilidad de independencia unilateral de una región de España", en referencia a Cataluña.
"Comprensible en los tiempos que corren"
Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Ángel Sánchez Navarro, considera que está reforma es "comprensible" en los tiempos políticos que corren. Sánchez Navarro entiende que aunque la proposición de ley "no es el procedimiento ideal" para este tipo de modificaciones legales la medida propuesta por el PP "no es inconstitucional".
Este especialista en derecho constitucional recalca que la reforma del TC será una "advertencia directa" a los funcionarios que incumplan las resoluciones que sean dictadas por este órgano y que es "necesario" que se desarrolle cómo debe hacer el Alto Tribunal que se cumplan sus resoluciones ya que sus acuerdos en general "no están concebidos para los casos concretos". En este sentido, Sánchez Navarro resalta que la Constitución no prohíbe que las resoluciones del TC tengan carácter ejecutivo.
"Una reforma ad hoc"
En el lado opuesto se encuentra el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Enoch Alberti, quien cree que dicha reforma es "muy peligrosa" ya que supone un "cambio importante" en las funciones del Alto Tribunal y, por lo tanto, debería hacerse de forma "meditada y con consenso".
Para este experto, "la única explicación" para que el PP proponga una reforma así con "la legislatura casi agotada" es que se trata de una "modificación legal ad hoc en relación con el proceso político que vive Cataluña”. Alberti entiende que el PP quiere modificar las competencias del TC de forma "muy precipitada" por lo que "el resultado nunca será bueno". Además, este catedrático añade que las reformas del guardián de la Constitución llevadas a cabo con anterioridad "nunca se han hecho por la vía de urgencia".
"Oportunista"
Por último, Vozpópuli ha hablado con María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga. Para Balaguer esta reforma trata de "judicializar un problema político" de una forma "oportunista, rídicula y peligrosa" ya que el TC ya está dotado de mecanismos para hacer cumplir sus resoluciones. "Si un justiciable desobedece al Constitucional hay mecanismo para hacerle cumplir la decisión judicial", subraya María Luisa Balaguer.
La experta sostiene que para afrontar el problema catalán el Gobierno dispone del artículo 155 de la Constitución, que le permitiría suspender la autonomía, en vez de tratar de pasar la 'patata caliente' al TC. Además, la catedrática subraya que se trata de un órgano muy politizado donde el "propio presidente, Francisco Pérez de los Cobos, fue afiliado al Partido Popular".
