El ex diputado y ex consejero de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha presentado este jueves un recurso de queja ante la Sala de lo Penal del Supremo contra la decisión del instructor Alberto Jorge Barreiro de proceder contra él, junto con los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el exconsejero José Antonio Viera, por el caso de los ERE fraudulentos.
En concreto, Zarrías -al que el juez acusa de un delito de prevaricación administrativa- critica que el magistrado del Alto Tribunal haya recabado los indicios que pesan contra él en una exposición razonada en vez de hacerlo a través de un auto motivado, lo que le hubiera permitido al ex consejero haberlo recurrido en apelación.
El exconsejero de Presidencia andaluz ha contraatacado después de que el juez Jorge Barreiro haya dictado una providencia donde rechaza tramitar su apelación citando una resolución reciente del Supremo, donde se detallaba que contra dicha exposición razonada no cabía interponer recurso.
La defensa de Zarrías, ejercida por el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda, critica que "en nuestro proceso penal, toda resolución motivada por la cual el instructor explicita y razona los indicios existentes contra un imputado reviste la forma de un auto".
El ex consejero cree que la resolución del juez del TS tiene una "enorme trascendencia jurídica"
Asimismo, el abogado va más allá cuando afirma que el juez eligió de forma premeditada la fórmula de la exposición razonada para impedir que su decisión fuese cuestionada ante el órgano superior jerárquico, en este caso, la Sala Segunda del Supremo. Se puede "extraer la razonable conclusión" de que el instructor Alberto Jorge Barreiro "a la hora de no dar a su decisión la forma de Auto y sí de exposición razonada, tuvo en consideración el supuesto carácter irrecurrible de ésta última", reza el recurso.
En el documento, la defensa del exconsejero acusa al instructor de rozar la prevaricación judicial al impedirle tener acceso a la tutela judicial efectiva. "Negarle al imputado la posibilidad de cuestionar esta decisión, prohibiéndole el recurso, cuando no exista ninguna norma que diga semejante cosa, y cuando es sabido que dicha decisión tendría graves consecuencias en su vida personal y profesional, es contrario a la interpretación más básica del derecho a la tutela judicial efectiva, prevista en el art. 24 de nuestra Constitución, y al derecho a un proceso público con todas las garantías", subraya la defensa de Zarrías.
Por último, Martínez-Fresneda hace alusión a la "enorme trascendencia jurídica" de la exposición razonada de 130 folios dictada por el juez Alberto Jorge Barreiro. "Es público y notorio que los diputados imputados por un delito de prevaricación son impulsados a abandonar el acta tan pronto se solicita el suplicatorio contra ellos, como ha hecho mi mandante. Toda vez que el delito de prevaricación no tiene más pena que la inhabilitación (art. 404 C.P.), ello supone que los diputados cumplen su pena desde su imputación: puede decirse que la imputación equivale a su condena", victimiza Zarrías.
Tal y como publicó Vózpopuli, es altamente probable que la pieza de los ERE que afecta a los expresidentes Chaves y Griñán y los ex consejeros socialistas Gaspar Zarrías y José Antonio Viera siga instruyéndose en el Tribunal Supremo pese a que todos los imputados -excepto Viera- han renunciado ya a sus actas en las Cortes y, en consecuencia, han perdido su condición de aforados. Ésta es la intención del magistrado Alberto Jorge y la tesis que apoya la Fiscalía del Alto Tribunal que ve difícilmente escindible la causa.
