Los implicados en la causa 'Lezo' habrían utilizado a tres empresarios para ocultar la comisión de 1,7 millones de euros que recibieron presuntamente de la constructora OHL por la adjudicación de las obras del tren que uniría las localidades de Móstoles y Navalcarnero, en la Comunidad de Madrid.
Así se desprende de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) adelantado por 'El Periódico de España' y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que dan detalles sobre los cerca de 1,7 millones de euros que OHL envió desde México a una cuenta del empresario Adrián de la Joya en Suiza.
Concretamente, los agentes relacionan ese pago con tres transferencias que recibió el exdirectivo del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel. La UCO constata "la vinculación entre uno de los beneficiarios reales de esta cuenta y Adrián de la Joya" lo que, a su juicio, "podría dotar de sentido la conexión temporal entre los pagos de OHL y los de Hanalei Holdings a Ildefonso de Miguel en la cuenta que controlaba mediante la empresa Surtain Trading INC en Suiza".
En el informe, los investigadores también explican que esta información explicaría "la conexión con las informaciones iniciales que situaban a De Miguel como uno de los destinatarios de la comisión". La documentación recabada a raíz de una comisión rogatoria a Suiza señala que los encargados de gestionar la sociedad panameña Hanalei Holdings eran tres ciudadanos españoles, usando cada uno de ellos una fundación radicada en Liechtenstein respectivamente.
Avanzit, el nexo común
Así las cosas, Jesús Gil Pérez estaría a cargo de la Fundación Gibis, Heraclio López Sevillano de la Fundación Cetif y Cándido Cerón Escudero de la Fundación Comedien. Este último, Cerón, fue consejero delegado de la Agencia de Comunicaciones e Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), vinculada al caso Púnica.
Los investigadores ponen además el foco en Avanzit, la empresa que sería el nexo común entre los empresarios que realizaron el pago de 1,5 millones a De Miguel y los los 1,7 millones pagados por OHL a Lauryn Group, propiedad de De la Joya.
Así, la UCO cree que "podría tratarse de una operativa de blanqueo para romper la trazabilidad de los pagos de OHL, que recibió el intermediario Adrián de la Joya, y que este podría haber compensado de algún otro modo a los beneficiarios reales de la cuenta de Hanalei Holdings INC, atendiendo a los vínculos profesionales que unían" a De la Joya, Gil Pérez y Cerón.
En este sentido, y pese a que la conexión de las transferencias no está confirmada todavía, los investigadores aseguran que "lo cierto es que la suma de las tres transferencias da un resultado próximo al importe recibido por Adrián de la Joya". "Concretamente hay una diferencia a favor de él de 154.720 euros, compatible con el beneficio que podría haber obtenido este por intermediar y prestar su estructura societaria en la operación", revelan.
De la joya fue procesado
Fue el pasado 4 de junio cuando el juez instructor de la causa 'Lezo' acordó enviar a juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al empresario Javier López Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento mercantil y fraude a las Administraciones Públicas en el marco de la pieza separada número 3 en la que se investigaba la presunta adjudicación irregular de las obras del tren de Navalcarnero.
En el auto de apertura de juicio oral, el juez Manuel García-Castellón señalaba además que la vista se debía celebrar contra De la Joya --vinculado al comisario José Manuel Villarejo--; Rafael Arturo Martín, consejero de OHL; Felicísimo Damián Ramos, director de Control de Gestión de OHL; e Ildefonso de Miguel, presidente del Ente Público Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2012 por los mismos delitos.
Según el escrito de conclusiones provisionales de Anticorrupción de diciembre de 2020, en el que interesaba penas de seis años y medio para López Madrid y cuatro para González (informe del que el juez recoge en su auto las líneas fundamentales), la adjudicación del contrato para la construcción de la línea ferroviaria de Navalcarnero recayó en una UTE participada por OHL en 2007 gracias a la "ventajosa oferta económica" en comparación con otras siete empresas.
Pero "en realidad, la presentación de esta oferta obedeció a un plan ideado por los acusados Javier López Madrid --consejero dominical de OHL en el momento de los hechos-- y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas". Dicho plan, consistía en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta.
"Para lograr su propósito ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares --aproximadamente 1,8 millones de euros-- al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban Ildefonso de Miguel Rodríguez e Ignacio González a fin de que este último ejerciera su influencia sobre Jesús Trabada, entonces consejero delegado de Mintra y, como tal, órgano de contratación de la entidad", recordaba el juez en su auto.
