Sólo ocho días después de la Operación Frontino contra el amaño de contratos públicos en la sociedad estatal Acuamed, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil propina un nuevo golpe a la corrupción. En este caso, en la Comunidad valenciana, donde agentes del Instituto armado han puesto en marcha a primera hora de la mañana la 'Operación Taula', que se ha saldado hasta ahora con la detención de 24 personas por su presunta implicación en una trama de comisiones en torno a las empresas públicas de administraciones locales y regionales gobernadas por el PP. Entre los arrestados se encuentra el que fuera presidente del partido en Valencia y de la Diputación así como alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, ya retirado de la vida política. Junto a él, han caído su antiguo jefe de Gabinete y exregidor de Genovés, Emilio Llopis; el antiguo número 2 de la Consejería de Educación y de la Diputación, Máximo Caturla; el abterior primer edil de Moncada, Juan José Medina; la dirigente del PP valenciano Carmen García Fuster, y María José Alcón, exconcejala y asesora de la exalcaldesa de Valencia y hoy senadora, Rita Barberá.
Han sido registradas las sedes de una empresa pública, de la Fundación Jaume II, de un club deportivo de Xátiva y los despachos del Grupo 'Popular' en el Ayuntamiento de Valencia
Las cifras del operativo son de macrorredada. A los arrestos, realizados en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante, hay que sumar la citación de otras cinco personas como "investigadas" (el término que ha sustituido recientemente al de imputado). Además, se han producido 33 entradas y registros en los domicilios particulares de los arrestados y las sedes de varias empresas. Entre ellas, CIEGSA, una sociedad de la Generalitat Valenciana encargada de realizar inversiones para la construcción de colegios. La Guardia Civil también ha entrado en la Fundación Jaume II, en la sede del Club Deportivo Olímpic de Xàtiva y en los despachos que ocupa el Grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia.
Pisos, coches y cuentas intervenidos
El juez encargado de las pesquisas también ha dictado 148 mandamientos a Registros de la Propiedad para impedir que se vendan bienes inmuebles, así como 252 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías de seguros para bloquear cuentas corrientes y valores. Asímismo, se han producido 150 embargos preventivos de los vehículos de alta gama de los principales implicados en la Operación Taula. Fuentes judiciales creen de este modo haber desmantelado una trama de corrupción que llevaba años infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Autónoma Valenciana (Ayuntamientos, Diputación Provincial y Generalitat Valenciana) y cuyos integrantes aprovechaban los cargos que ocupan en las mismas para cobrar comisiones a cambio de ajudicaciones irregulares.
El juez ha ordenado el embargo de 148 inmuebles, más de 250 cuentas bancarias y 150 vehículos de alta gama propiedad de los principales implicados en la trama
La investigación se inició en julio de 2014 a partir de una denuncia presentada por Esquerra Unida ante la Fiscalía Anticorrupción de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Impulso Económico Local SA (Imelsa) por parte del que por entonces era su director gerente, Marcos Benavent, quien más tarde comenzaría a colaborar con la Justicia. Las pesquisas de la UCO y de Anticorrupción llegaron a la conclusión que las supuestas corruptelas iban mucho más allá y en marzo de 2015 el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia abrió diligencias por diversos delitos contra la administración pública, entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
Contando billetes
El testimonio del que fuera su gerente de Imelsa, Marcos Benavent, ha sido clave en esta nueva fase de una investigación. Este realizó grabaciones de sus conversaciones con otros presuntos implicados en la trama que salpicaban a diversas instituciones de la provincia gobernadas por los 'populares', entre ellas el ayuntamiento de la capital. De hecho, este consistorio ya fue registrado el pasado mes de septiembre por agentes de la UCO que intervinieron documentación relacionado con las obras de un centro cultural de la ciudad, La Rambleta.
El testimonio y las grabaciones aportadas por Marcos Benavent han sido claves en la investigación que ha llevado a la detención de Alfonso Rus
Algunas de esas grabaciones salieron a luz el pasado mes de mayo, justo antes de las elecciones municipales. En una de ellas, se escuchaba al hoy detenido Alfonso Rus, barón del PP valenciano, contar billetes de una supuesta comisión: "Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 euros, dos millones de 'pelas'", se oía en aquel audio.
No era la única. En otra, el supuesto interlocutor de Benavent era Máximo Caturla, vicepresidente de la Diputación de Valencia y también detenido este viernes. Desarrollada en 2006, cuando Caturla era número 2 de la Consejería de Educación y gerente de Ciegsa, una de las empresas hoy registradas, se les oye quejarse por el pago de una comisión que consideran inferior a la que esperaban. Según ha admitido Benavent, él habría cobrado 900.000 euros a contratistas del organismo que Rus presidía con el supuesto conocimiento de éste a cambio de la adjudicación irregular de contratos públicos.
