Nuevas imputaciones en el 'caso Púnica'. A lo largo de este miércoles agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tomarán declaración como imputados a Alfonso Bataller, alcalde de Castellón, y a uno de los concejales de este consistorio. El motivo: los contratos firmados con el 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, supuestamente para hacer trabajos de reputación 'online'. Las dependencias municipales de la ciudad levantina ya habían sido visitadas este martes por la Guardia Civil para recabar la documentación, junto a los de otras once localidades, Madrid y Valencia incluidas, que también hicieron adjudicaciones bajo sospecha.
La imputación del alcalde de Castellón se produce después de que la UCO recabara este martes los contratos del consistorio con el 'conseguidor' de la trama
Todo esto se produce dentro de la segunda fase de la 'Operación Púnica' que este miércoles había tenido su continuación con el requerimiento de información en el Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), cuya alcaldesa, la también diputada 'popular' Pilar Barreiro, fue mencionada en varias ocasiones durante los interrogatorios a los que el juez Eloy Velasco sometió a varios testigos de la trama. En concreto, a dos empleadas de Alejandro de Pedro y a la secretaria del otro presunto 'conseguidor', José Antonio Alonso Conesa.
El martes, la UCO había acudido, además de a Castellón, a los Ayuntamientos de los municipios valencianos de Denia y Gandía, del alicantino de Elche, y de los madrileños de Coslada, Alcobendas, Collado Villalba, Majadahonda, Valdemoro y Moraleja de Enmedio. En todos ellos, salvo en el último, los agentes buscaban documentación relacionada con servicios de reputación online, similares a los que han terminado costando recientemente la imputación al que era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria; a la consejera de Educación, Lucía Figar; y al consejero de Turismo de la Región de Murcia, Juan Carlos Ruiz. En el caso de Moraleja de Enmedio el objetivo eran los contratos de eficiencia energética firmados por el consistorio con Cofely, la multinacional salpicada por el escándalo.
La pista sobre la contratación por parte de estos consistorios del conseguidor de la trama apareció en el registro que se hizo en octubre pasado de las oficinas en Valencia de las dos empresas de Alejandro de Pedro, EICO Online Reputation Management SL y Madiva Editorial y Publicidad SL, en el que aparecieron documentos relacionados con dichos trabajos. Posteriormente, las sospechas se confirmaron con la declaración de algunos de los empleados de las mismas. De hecho, algunos de éstos reconocieron al juez Eloy Velasco que habían hecho trabajos para algunos políticos sobre los que el magistrado preguntó expresamente. Fue el caso de María José Gutiérrez, jefa del departamento de posicionamiento en web de la empresa del conseguidor, quien aseguró al magistrado que desde que se incorporó a la empresa en 2012 realizó numerosos servicios de reputación 'online' para instituciones públicas y, sobre todo, para los políticos que ocupaban sus cargos.
Otros clientes
Así, junto al presidente de la Comunidad de Madrid y su titular de Educación, esta trabajadora de Alejandro de Pedro detalló que ella y sus compañeros también hicieron labores similares para los ayuntamientos madrileños de Majadahonda, Alcobendas, Coslada, Valdemoro y Collado Villalba, todos ellos gobernados por el PP. Los dos últimos ya fueron registrados por la Guardia Civil en octubre. Esta empleada del conseguidor también detalló que había hecho trabajos similares para Arturo Torró, regidor popular de Gandía (Valencia), otro de los consistorios visitado este martes por la UCO.
En esta segunda fase de la 'Operación Púnica', la Guardia Civil ha acudido ya a trece ayuntamientos, todos gobernados por el PP
Esta testigo también detalló otros clientes, como la también popular Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León que fue asesinada a tiros en mayo de 2014, y su sucesor, Marcos Martínez, detenido en la Operación Púnica. La empresa también prestó sus servicios supuestamente para Rita Barberá, la alcaldesa saliente de Valencia e, incluso, tenía en cartera hacerlos para la regidora de Cartagena (Murcia) y diputada, Pilar Barreiro. En este último caso, la ingeniera aseguró que no llegó a empezar los trabajos porque una semana antes se produjeron las detenciones de la Operación Púnica que dejaron inactiva la sociedad. Algo similar ocurrió con Ana Botella y el Ayuntamiento de Madrid. Pese a ello, el juez Velasco ha ordenado requerir a ambos consistorios sus contratos con la trama Púnica.
