La titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Murcia, Teresa Rizo, ha acordado como medida cautelar suspender una posible celebración de primarias en UPyD Murcia hasta que no haya resolución sobre la cuestión que se investiga: el 'pucherazo' del pasado febrero. La juez ha estimado así la solicitud formulada por la representación de Encarna Hernández, quien interpuso a primeros de julio una demanda contra su propio partido por anular las elecciones que le aupaban a coordinadora de UPyD en la comunidad. Hernández, concejal en el municipio de Molina de Segura, venció el pasado 22 de febrero por 102 votos a 79 al candidato oficialista, Rafael Sánchez, al frente de esta delegación desde febrero de 2010 y que optaba a la reelección.
En el auto dictado por Rizo, al que ha tenido acceso este diario, la instructora indica que "para asegurar la efectividad de la eventual sentencia condenatoria que pudiera recaer en el procedimiento principal" se acuerda que "durante la tramitación de dicho procedimiento quede suspendida toda convocatoria de elecciones al Consejo Territorial de UPyD en Murcia".
De esta forma, la juez mantiene la vigencia de la actual gestora en esta federación a la espera de seguir realizando las pesquisas oportunas y celebrar el correspondiente juicio. En esa vista, que será fijada para los próximos meses, la titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Murcia deberá dirimir si el Comité Electoral, primero, y la Comisión de Garantías de UPyD, después, violaron la Constitución (artículo 23) al anular el resultado de las primarias de febrero.
Desde la dirección de UPyD han emitido un comunicado en el que, si bien admiten que el auto prohíbe convocar un proceso de elecciones, subrayan que la resolución no cuestiona las medidas adoptadas hasta ahora por el Comité Electoral o la Comisión de Garantías. Por su parte, fuentes próximas a Hernández recalcan que si la juez no entra en ese asunto "es porque ahora mismo no era lo que se debatía, ahora de lo que se trataba era de suspender o no nuevas primarias".
La propia instructora señala en el auto que "no puede entrarse a conocer en esta pieza de medidas cautelares sobre la corrección o adaptación de lo decidido al respecto (por dichos órganos de UPyD), pues es esto último el objeto o esencia de procedimiento".
La caducidad de las gestoras
Durante la vistilla previa a esta resolución, la representación legal de UPyD esgrimió que no cabía anulación de las elecciones primarias dado que el proceso judicial podría demorarse en exceso, más allá de los seis meses de máximo que puede actuar una comisión gestora, según los propios estatutos del partido. Sin embargo, fuentes de la candidatura de Hernández recuerda que en otras sedes de la formación magenta en Andalucía y Galicia la interinidad de la comisión gestora se ha prolongado incluso más de un año.
El hecho que llevó a Rafael Sánchez a reclamar la anulación de las primarias que ganó Hernández fue un comentario ajeno a la candidatura de la concejal que perjudicaba a los intereses del aspirante oficialista. Según la Comisión de Garantías de UPyD -órgano independiente del Consejo de Dirección que encabeza Rosa Díez-, las acusaciones vertidas contra Sánchez y "suscritas por otros candidatos y afiliados" habían "contaminado los resultados del citado proceso".
En realidad, esas acusaciones se reducen a un comentario que colgó en su página de Facebook el excoordinador de UPyD en Cartagena, Pedro de Elizalde, que no llegó a formar parte de la candidatura de Encarna Hernández. De Elizalde se mostró entonces "muy orgulloso del trabajo que están realizando Sergio Martínez Ayala y Alex Pérez Nieto en UPyD Cartagena" dentro de otro proceso de primarias en esta sede concreta. Junto a ello, el excoordinador escribió: "Sin su ayuda y apoyo frente a los ataques del actual Consejo Territorial, que pretendía que retiráramos la candidatura, ésta no habría sido posible".
