La investigación sobre las extorsiones a venezolanos por parte de efectivos de la Policía Nacional para encontrar datos sobre Podemos apuntan ahora al exDAO de la institución, Eugenio Pino. El exviceministro venezolano Javier Ochoa Alvarado ha confirmado ante la jueza que investiga una presunta trama de extorsión a venezolanos integrada en parte por policías, que él fue víctima y llegó a reunirse con Pino quien le pidió datos sobre Podemos.
La titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha tomado este viernes las primeras declaraciones en la causa abierta contra una decena de personas por los presuntos delitos de estafa y extorsión, como integrantes de una red en la que había policías y que ofreció protección a ciudadanos venezolanos, algunos implicados supuestamente en actividades delictivas, a cambio de dinero y de información sobre Podemos. De hecho, este partido es desde este viernes acusación popular en la causa, tras haberlo solicitado hace tiempo.
En la causa consta un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción elaborado en 2020, y al que ha tenido acceso Efe este viernes, que explica que el "modus operandi" de la trama era "aproximarse a ciudadanos venezolanos que pudieran estar relacionados con actividades de blanqueo de capitales con el fin de solicitarle dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos, como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales o la propia Policía Nacional".
Según este informe los presuntos integrantes de la trama son, entre otros, un policía municipal de Madrid, un exmilitar israelí, un inspector de Policía Nacional, un abogado estadounidense y otro español, así como un miembro de la Ertzainza ya jubilado y destinado en la Secretaría de Estado de Seguridad en el momento de los hechos.
"Este grupo de personas recibió a través de las estructuras de blanqueo de capitales proporcionadas por la organización criminal investigada millones de euros procedentes de ciudadanos venezolanos relacionados con actividades delictivas", detalla el informe.
Este viernes han declarado ante la magistrada el exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, como testigo y perjudicado, y el empresario Dimas Antúnez como testigo, al ser la persona que, tras denunciar un incidente en su coche, dio pie a que la Policía investigara el supuesto entramado.
Orden de búsqueda
Alvarado Ochoa ha sostenido que, como ya dijo ante los investigadores de la Policía Nacional, en 2015 estaba en Estados Unidos pero quería venir a España y un letrado le explicó que conocía un grupo "que podría evitar la eficacia de las posibles órdenes de búsqueda contra él" y facilitar gestiones relacionadas con la nacionalidad, y uno de los policías implicados le pidió por ello 1,5 millones de euros, han detallado fuentes jurídicas. Finalmente, al sentirse extorsionado, dio 40.000 euros a uno de los policías implicados y dijo que no quería sus servicios.
El exviceministro ha confirmado que, gracias al abogado José Aliste, mantuvo reuniones con altos funcionarios policiales, como el entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano y el entonces comisario Jefe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, José Manuel García.
A estos mandos les dio información sobre personas y empresas supuestamente vinculadas a casos de corrupción en España, y los policías le pidieron información de Podemos, según han precisado a Efe fuentes jurídicas. "¿Qué tienes de Podemos?" le preguntó expresamente Pino, detallan las fuentes. El exDAO no está investigado en la causa.
El expolítico venezolano ha precisado no supo más sobre esos documentos que entregó hasta que, sorprendentemente, meses más tarde vio parte de ellos: el despacho de Baltasar Garzón, Ilocad, los usó en su contra en la causa sobre el presunto blanqueo en España de fondos procedentes del saqueo de la petrolera venezolana PDVSA, que aún se sigue en la Audiencia Nacional.
Por su parte el empresario Dimas Antúnez ha corroborado su declaración ante la Policía: él era un asesor y en 2015 trabajó para unos clientes -policías ahora investigados en la causa- cuyo negocio era intentar recuperar un dinero titularidad de tres ciudadanos venezolanos, entres ellos Alvarado Ochoa.
Tuvo disconformidades con esos dos clientes y por eso cuando en 2016 alguien atacó su coche, con pintadas amenazantes, supuso que eran ellos y así lo dijo a la Policía, que en su investigación destapó el supuesto entramado de extorsión. La jueza retomará las declaraciones el próximo jueves, cuando está previsto que declaren los investigados.
