El fiscal Manuel Moix, actual fiscal de sala en el Tribunal Supremo (TS) que estuvo al frente de la Fiscalía Anticorrupción hasta que renunció por el escándalo de 'los papeles de Panamá', ha sido designado nuevo promotor de la acción disciplinaria del Ministerio Público, pero sin el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal. Según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado, también se ha nombrado al fiscal de la Audiencia Nacional Manuel Campoy como su sustituto en dicho cargo.
Las fuentes fiscales consultadas por Europa Press indican que la designación de Moix ha salido adelante en minoría de votos, tan solo con el apoyo de las dos vocales natas del Consejo Fiscal: el teniente fiscal del Tribunal Supremo y la inspectora jefe, María Ángeles Sánchez Conde y María Antonia Sanz, respectivamente.
Ninguno de los nueve vocales electivos le han respaldado, ya que en su mayoría, los seis de la Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), se han decantado por Francisco Moreno, fiscal de sala que desempeña la Jefatura de la Unidad de Apoyo al fiscal general.
No obstante, cabe recordar que el Consejo Fiscal se limita a expresar su parecer en materia de nombramientos y finalmente es su presidente, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien decide. Las fuentes recalcan que se ha primado su conocimiento del derecho contencioso-administrativo.
El criterio del fiscal general también se impuso con la propuesta de nombramiento para cubrir la plaza de fiscal de sala de la Sala de lo Militar del TS, que fue adjudicada a su predecesora, Dolores Delgado, a pesar de que solo votaron a su favor las vocales natas y los dos vocales electivos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron tanto ella como su sucesor en el cargo.
Las citadas fuentes han indicado que entre los motivos que han pesado en los vocales electivos del Consejo Fiscal para no arropar a Moix destaca su salida de la Fiscalía Anticorrupción.
Una sociedad 'Offshore'
Moix estuvo al mando de Anticorrupción apenas tres meses, de marzo a junio de 2017. Tuvo que presentar su renuncia "irrevocable por motivos personales" tras la polémica desatada después de que Infolibre publicara que desde 2012 era dueño junto a sus hermanos del 25% de una empresa offshore constituida en 1988 en Panamá y dueña de una propiedad inmobiliaria en Collado Villalba (Madrid).
Nacido en 1958 y de tendencia conservadora, defendió desde el primer día que estaba al día con Hacienda y que ya declaró en su momento la propiedad de la vivienda, un chalet valorado en más de medio millón de euros que heredó de sus padres.
Esa última polémica estuvo precedida por otras referidas a la gestión del departamento y a varios enfrentamientos con algunos miembros de su equipo respecto de investigaciones que afectan al Partido Popular, como son los casos 'Púnica' y 'Lezo'.
